Especialistas en el Congreso del Hospital del Niño plantearon propuestas para atender impacto de la pandemia en niños y mujeres

Por: Urania Cecilia Molina

Un diagnóstico para conocer el rezago en el aprendizaje de los estudiantes, elevar a feminicidio las agresiones y muertes contra las mujeres e implementar normas de protección de la población pediátrica en el área rural y las comarcas, son propuestas de los profesionales del Hospital del Niño José Renán Esquivel en la visión de resguardar a las mujeres y a los niños, los grupos más vulnerables del país.

Los planteamientos con respecto a los efectos que la pandemia de COVID-19 provocó en el país,  se expusieron durante parte del IX Congreso del Hospital del Niño, el cual se realizó del 24 al 26 de agosto en homenaje al doctor Luis Coronado, consagrado profesional con muchos años de servicio en este nosocomio.

Durante el evento académico se desarrollaron temas puntuales en materia de Pediatría con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.

Conocer los retrocesos para poder actuar

La presidenta de la Sociedad Panameña de Pediatría y expositora en el Congreso, Dra. Marvis Corro, expresó que la pandemia de COVID-19, declarada en marzo de 2020, cuando también se reportó el primer caso en Panamá, trajo “consecuencias nefastas” para los niños, niñas y adolescentes del país porque fue una amenaza sin precedentes para todo el desarrollo del bienestar, atención y salud de esta población.

“Tenemos un panorama muy oscuro en Panamá. La pandemia significó un aumento de la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición en las áreas rurales, la delincuencia, el uso y abuso de sustancias ilícitas (drogadicción), violencia, embarazos precoces e intentos suicidas”, informó Corro, quien desarrolló el tema Regreso a clases presenciales y su impacto en la salud de los niños y adolescentes.

Corro indicó que existen numerosos estudios que confirman que los jóvenes están afectados por patologías como la ansiedad y el estrés, las cuales fueron provocadas por el confinamiento y el aislamiento en que se encontraban. Los niños y adolescentes aprenden socializando, compartiendo con sus pares.

“Aun cuando no fueron los más afectados con la enfermedad del coronavirus, es desastroso lo que provocó la pandemia en esta población”, sentenció.

No obstante, expresó que la diferencia de Panamá con otras naciones, en particular las de más desarollo, es que en estos ya existen estudios sobre el rezago que mantienen los estudiantes en asignaturas como lectura, matemáticas y ciencias, mientras en el país todavía no se comienzan. En Estados Unidos, donde ya se contemplaron estos análisis, el atraso en lecto-escritura es de cuatro meses y en matemáticas de cinco, dijo Corro. 

Los últimos datos sobre este tema que se conocen en Panamá datan del 2018 y se vinculan con la más reciente participación del país en las pruebas de conocimiento PISA con resultados poco favores: el 36 % de los jóvenes de 15 años de edad alcanzaron los niveles mínimos de aprendizaje en lectura, 29% en ciencia y sólo el 19% en matemática.  

Corro manifestó que la situación de los estudiantes es difícil porque no lograron completar los aprendizajes que hubieran obtenido en un año típico, lo que se convierte en un efecto dominó:  pasaron de un año a otro sin las capacidades,  habilidades y destrezas para alcanzar el éxito y seguirán de esta manera terminen o no el bachillerato y continúen estudios universitarios, lo que se convierte en un panorama desalentador porque son los que posteriormente se insertarán en la vida económica del país.

Sin embargo, no todo es negativo, porque la expositora avaló la decisión de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, de participar en las pruebas PISA: Panamá participa en la prueba PISA; 6,300 estudiantes miden sus conocimientos y Crecer en 2023 para poder medir el rendimiento escolar de los estudiantes de primaria, premedia y media en asignaturas como matemáticas, lectura y ciencias.

Atención integral para el rural y población indígena

Para la trabajadora social del Hospital del Niño José Renán Esquivel, Anayansi Franco, las repercusiones del SARS-CoV-2 en la población pediátrica agudizaron situaciones que ya eran recurrentes, con particular consecuencia en los grupos con enfermedades crónicas.

Las desigualdades sociales existen y están muy marcadas en la población indígenas, las áreas rurales y urbanas marginales a diferencia de los centros urbanos, “aunque están cambiando”, pero no para bien, explicó Franco, quien participó en el Congreso con el tema La Desigualdad Social y las repercusiones en la salud de los niños con enfermedades crónicas.

Añadió que estas condiciones de desigualdad más allá de una limitante es una violación a los derechos humanos de los niños que son privados del acceso al servicio, el recurso humano y los insumos para mantener sus enfermedades controladas.

“Los derechos que les asiste a la población pediátrica con enfermedades crónicas no se están cumpliendo, por eso es necesario que se establezcan y se ejecuten las políticas públicas que mejoren sus condiciones de salud y calidad de vida”, sostuvo Franco.

El panorama es triste, indicó la trabajadora social, porque en las áreas rurales e indígenas no existe una atención integral, al no contar con suficiente personal sanitario calificado. En muchas de estas áreas existen puestos de salud sin especialistas que puedan ofrecer la evaluación constante que los niños con estos padecimientos necesitan.

Resaltó que el impacto principal lo viven los niños con una enfermedad crónica. Abogó por unir esfuerzos para corregir una situación que más que un beneficio es un derecho humano.

Pandemia evidenció la violencia contra las mujeres

La Dra. Julia Sáenz tuvo a su cargo la exposición Violencia contra la mujer. Desapariciones y Femicidios.

Indicó que los casos de femicidio aumentaron durante la pandemia producto de “la violencia extrema que existe en Panamá”, la cual se evidenció con la llegada de la COVID-19.

Indicó que se trata de una violencia por “discriminación por sexo” porque la mujer forma parte de los grupos considerados por la Organización de Naciones Unidas como “vulnerables” no porque no puedan alcanzar un desarrollo óptimo, sino porque la sociedad funciona bajo una estructura patriarcal.

“Una madre con una enfermedad grave o un cáncer en etapa terminal se va a levantar de la cama y saldrá a trabajar porque tiene que alimentar a sus hijos”, indicó como un ejemplo del grado de compromiso que tienen las mujeres.

Señaló, sin embargo, que la estructura patriarcal coloca a los varones en ventaja sobre las mujeres y les permite insertarse mejor dentro del mundo laboral, así como llegar a ocupar posiciones de jerarquía con un menor esfuerzo, independientemente de que exista una mayor preparación o experiencia profesional en las féminas.

Al abordar el tema de femicidio, una de las formas de violencia más grave contra las mujeres porque se trata de su desaparición física, abogó por la necesidad de elevar la categoría del delito de feminicidio: aun cuando femicidio y feminicidio se utilicen como sinónimos, las implicaciones legales son distintas.

Para la especialista la tipificación del delito bajo la figura de femicidio oculta las cifras porque algunas agresiones se pueden colocar bajo otras figuras delictivas, una de ellas el homicidio. 

Las estadísticas del Ministerio Público dieron cuenta que en el pasado 2020, durante la pandemia, se registraron 31 femicidios, cinco tentativas de femicidio y 15 muertes violentas. Un año antes los números reflejaron 21 femicidios, 10 tentativas de femicidio y 31 muertes violentas.

“La violencia doméstica es una de las principales causas de este delito, pero no se cuentan con estudios de relaciones, y cuando ocurren los hechos los califican como homicidio, sin ver las características especiales que puede haber alrededor del crimen”, indicó.

Detalló que la figura de feminicidio abarca no solo la muerte física, también la jurídica de la mujer, que se refleja en negarle la protección que como miembro de la sociedad necesita, por lo cual reiteró la necesidad de consagrar la figura jurídica de feminicidio para garantizar mayor protección y garantía a las mujeres.