Por: Urania Cecilia Molina
Urania Cecilia Molina periodista panameña con más de 20 años de experiencia. Aborda temas de Salud, Educación, Discapacidad, Mujer y Superación Personal
La entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nº 17 de 10 de agosto de 2022, el cual ordena la aplicación de un descuento de 30% a 170 medicamentos, genera visiones divididas: del Gobierno, los dueños de pequeñas farmacias y los pacientes.
Los propietarios de estas farmacias están en desacuerdo con la “rapidez” con la cual se aplicó la medida que salió de un consenso en la Mesa Técnica de Medicamentos que estableció el presidente Laurentino Cortizo para buscar una solución al desabastecimiento en la Caja de Seguro Social (CSS) y el alto costo en las farmacias privadas.
Los pequeños comerciantes solicitaron al Ejecutivo un plazo para ejecutar la medida porque ya tienen productos en inventario que con la puesta en marcha de este decreto generaría pérdidas al tener que vender por debajo del precio con el adquirieron los medicamentos.
El descontento de los dueños de unas 450 farmacias en el país los llevó a cerrar las puertas de sus negocios como medida de protesta para lograr que el Gobierno Nacional busque alternativas que no pongan en riesgo ni su inversión ni el empleo de sus colaboradores. A primeras horas de este martes, este grupo anunció que participarán esta tarde en la reunión que se realizará en la Presidencia de la República para tratar el tema.
Consenso de la mesa técnica
No obstante, la medida calificada como una “una decisión arbitraria” por los pequeños empresarios y otros sectores del país es el producto de ocho meses de trabajo en la mesa que coordina el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.
Un trabajo que dejó como resultado la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 17 de 10 de agosto de 22, el cual disminuye en un 30% el precio de los medicamentos que establece esta norma a los consumidores por seis meses prorrogables.
De acuerdo al Decreto, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de agosto de 2022 la decisión tiene como base la ley de medicamentos (Ley Nº1 de 10 de enero de 2001), la cual, entre otros aspectos, contempla el establecimiento del precio tope de referencia.
El artículo 106 de la Ley Nº 1 de 10 de enero de 2022 establece que excepcionalmente el Órgano Ejecutivo podrá imponer precios de referencia topes a los medicamentos, a fin de preservar el interés superior del consumidor, en circunstancias en que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos o sus similares a nivel internacional y para ello, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, recomendará al Órgano Ejecutivo, luego de los análisis correspondientes, las propuestas de productos medicinales y precios de referencia topes que se aplicarán a nivel nacional por periodo de seis meses prorrogables.
La Mesa Técnica, liderada por Carrizo, contó con la participación de diversos actores de la sociedad, como es el caso de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas y la academia a través de la Universidad de Panamá.
Los representantes de la Universidad de Panamá, por ejemplo, trabajaron en la orientación de las moléculas que no podían faltar en la aplicación del artículo 106 de la Ley Nº1 de 10 de enero de 2001, los cuales incluyen los medicamentos más buscados por la población como son los hipertensivos, analgésicos, expectorantes, por mencionar solo algunos de la larga lista.
Mientras, los representantes de la CCIAP dejaron clara su posición de que estas acciones del Órgano Ejecutivo causarían el cierre de las farmacias pequeñas, tal como actualmente denuncian los propietarios de estos establecimientos comerciales.
No obstante, sectores cercanos a la Mesa Técnica, explicaron a La Web de la Salud que el objetivo de la medida era dar a la población el acceso oportuno a medicamentos en cantidad, calidad y a precios accesibles cuando y donde los requiera.
La idea es que si todos los componentes de la cadena (fabricantes, distribuidores y farmacias) reducen en un 30% el costo de los medicamentos y el Gobierno asume el 20% correspondiente al descuento de los jubilados los pacientes serán los beneficiados. La medida tampoco abarcaría a todos los fármacos, sino los que corresponden a la Canasta Básica de Medicamentos Ampliada y algunos más.
En ese sentido, fuentes cercanas a la negociación explicaron que establecer la rebaja del 30% es el resultado de varias reuniones de las subcomisiones que se establecieron en la Mesa Técnica con esta finalidad. “Fue poco a poco”, indicó el informante, quien pidió la reserva de su nombre.
El primer día los distribuidores se mostraron a favor de otorgar el 15% de descuento, pero luego retiraron la propuesta, mientras los fabricantes mantuvieron este margen. A medida que pasaron los días el tope de incremento hasta lograr el 30%, aunque no todos estuvieron de acuerdo.
En relación al aporte del Estado en este tema, la fuente informó que se encargará de entregar en efectivo lo correspondiente al 20% de descuento que se le hace a los jubilados.
Proponen plazo para adecuarse
Los miembros de la CCIAP, a través de un comunicado, explicaron que durante las reuniones con las autoridades y representantes de la industria farmacéutica, distribuidores, cadenas de farmacias y farmacias independientes, solicitaron aplazar por un periodo de un mes la aplicación del Decreto Nº 17 de 10 de agosto de 2022.
La solicitud tenía como finalidad dar el tiempo suficiente para realizar los ajustes y negociaciones pertinentes entre los actores de la cadena de abastecimiento para poder garantizar la efectividad de la medida, pero la propuesta no la acogió el Gobierno.
Durante las reuniones, refirió el comunicado, explicaron que de no darse el tiempo necesario para poder lograr los ajustes que implicaba la adopción de la medida habría farmacias que se verían en la penosa necesidad de cerrar por no poder cumplir con lo establecido el mencionado decreto, lo que generará confusión, afectación y molestia en los pacientes del país que compran sus medicamentos en las farmacias privadas.
De hecho, los representantes de distribuidores y de farmacias presentaron una propuesta de modificación al Decreto para que quedara claramente establecido que cada uno de los tres eslabones de la cadena de abastecimiento – laboratorios fabricantes, distribuidores y farmacias – debe aportar el 30% de descuento en sus precios de venta al siguiente eslabón, de manera que no sean las farmacias las que carguen con el peso del descuento, se leyó en el comunicado
También le propusieron a las autoridades una propuesta para que se pueda compensar a las farmacias el descuento a jubilados, del cual se han hecho cargo por más de 20 años y lamentaron que los representantes del Ejecutivo no otorgarán el tiempo adicional.
Al respecto, para algunos propietarios de pequeñas farmacias la adopción de esta medida es una sentencia para terminar con sus negocios en los próximos seis meses.
El propietario de la farmacia Jaime Abdiel, ubicada en Panamá Oeste, Franklin Lay, explicó que desconocía la forma en que el Ejecutivo decidió fijar el 30%, pero aseguró que es de manera “arbitraria” al igual que la absorción del 20% del descuento que corresponde a los jubilados.
Lay expresó que las farmacias tienen una ganancia tope del 33%, lo cual se utiliza para pagar los servicios públicos y a los colaboradores, pero al adoptar el descuento bajaría hasta el 12%, lo que no daría para poder cubrir los gastos de operación. “ En seis meses tendría que cerrar”, dijo Lay.
Además, al igual que lo hicieron otros propietarios de farmacias pequeñas, indicó que en estos momentos, por la manera en que pusieron en ejecución el descuento, venderán por debajo del costo de los productos que tienen en inventario.
Para explicar su comentario, Lay expresó que tiene fármacos que le costaron $12.00 y vendería a $17.40, pero si le aplica a este valor el 30% de descuento quedaría en $12.18, es decir que la ganancia sería de 18 centavos en relación al valor de compra, sin el descuento de jubilado. Con este descuento estaría perdiendo $2.26.
“A medida que el precio del distribuidor aumenta, así mismo será la pérdida para la farmacia”, sentenció el micro empresario.
“Se atenta contra la libre empresa. Se acaba con la profesión farmacéutica. Ningún farmacéutico va a emprender en este negocio. Se acaba con el esfuerzo y sacrificio de muchas personas que buscan contribuir con el Estado, sin necesidad de acceder a subsidios, sino a través de un trabajo digno y honesto”, indicó Lay.
Por si fuera poco, Lay mostró circulares de casas distribuidoras de productos en los cuales le informan que hasta que los fabricantes de medicamentos a los cuales representan no les indiquen que asumirán el 30% de reducción en el precio de los medicamentos no podrán darle ningún tipo de descuento, lo que significa que tendrá que asumir la decisión del Gobierno.
Por su lado, la vicepresidenta de la Federación de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, Enma Pinzón, expresó que lo correcto es que las distribuidoras recojan el inventario al precio de la factura, realicen una nota de crédito y posteriormente facturen al nuevo precio.
Pinzón coincide con los propietarios de las pequeñas farmacias sobre qué otra opción sería que suspendan la ejecución del Decreto Nº17 hasta que se agote el inventario que compraron antes de que se promulgará en Gaceta Oficial.
Por el momento el Decreto Nº17 de 10 de agosto de 2022 mantiene divididos y distanciados a los propietarios de las pequeñas farmacias y los distribuidores del Gobierno, mientras los pacientes que no encuentran sus medicinas en la Caja de Seguro Social observan los acontecimientos.
Por: Urania Cecilia Molina
