Por: Gregorio de Gracia Periodista Fotos: Cortesía Grupo Experimental de Cine Universitario de la UP (GECU) | La Estrella de Panamá | Semanario La Universidad
Transcurren 33 años tras aquella lúgubre madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército más poderoso del mundo invadió a Panamá.
Las narraciones de varios testigos internos apuntan a que la universidad fue intervenida por soldados estadounidenses, al igual que pasó con el resto del país.
Arnoldo Cohen, jefe de Custodio y Valores de las cafeterías, quien en ese entonces laboraba en el Departamento de Protección Universitaria (DPU), se mantuvo en el campus durante esa madrugada.
Su turno empezó a las 9:00 de la noche del 19 de diciembre y debió concluir -evento que no ocurrió- a las 6:00 de la mañana del 20 de diciembre. Su misión era custodiar las facultades de Ciencias de la Educación y Administración Pública, localizadas frente al Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social.
Cohen testifica que a eso de las 11:45 de la noche escuchó estallidos de bombas y disparos; aduce que el sonido provenía de diferentes partes de la ciudad.
“Entre 4:30 y 5:00 de la mañana mi compañero y yo miramos hacia el estadio de la universidad. A lo lejos venían personas vestidas con uniforme militar color verde. De inmediato, llamé a la base, o sea, a control, para informar lo que estaba aconteciendo, nadie contestó”.
Cohen se retiró hacía el jorón que estaba ubicado entre las dos facultades. Tomó asiento en la silla que estaba junto al escritorio. “Recosté mi cabeza sobre mis rodillas y cerré mis ojos esperando hasta que llegaran”, alegó el trabajador de la Casa de Octavio Méndez Pereira. “Como a los 5 minutos sentí que estrellaron en el escritorio un arma de grueso calibre, eran soldados norteamericanos. Me interrogaron en inglés, preguntando qué hacía en el lugar, y si portaba algún tipo de arma, respondí: solo radio comunicador”.
El soldado ripostó: “Nos informaron que aquí hay armas. Insistí, hasta donde sé, no hay armamento.
El servidor público continúa el relato, para ello, cita a un soldado con acento puertorriqueño, quien en español le informó: “Vamos a revisar los edificios”. Cohen retornó la llamada a control, no respondieron.
El testigo que declaró al Semanario La Universidad, explicó haber recibido una llamada de la Rectoría. La instrucción consistía en revisar las instalaciones en conjunto. Cohen asegura que no encontraron nada. Posteriormente, relata haber revisado el gimnasio. Al entrar se toparon con un enorme mortero sobre unas colchonetas. Según su testimonio concluyeron que este había caído sobre el techo del gimnasio, abriéndole un boquete, no obstante, se mantuvo intacto. Recordó lo agradecido que tuvo con Dios porque el mortero no explotó. Tras el hallazgo, especialistas del ejército estadounidense en armamento bélico, retiraron el arma de guerra.
Nelson Martínez Medianero, vigilante de la Dirección General de las Cafeterías, también estuvo en los terrenos de la universidad para aquellos días. Laboraba en el DPU en la Facultad de Arquitectura. Su testimonio se complementa con la experiencia de Cohen.
“Los soldados se acantonaron en la parte externa del portón vehicular de la facultad. En el lugar, entré en un ameno coloquio con ellos. Cuestionaron sobre cómo era custodiada la universidad y si podían ingresar”. Estaban ansiosos por descubrir armas. Suponían que constituía un peligro dejarlos en manos de la población; tenían el área estudiada, sabían que no estábamos armados, sostiene Martínez.
El vigilante de la UP atestigua haber visto un mapa que los soldados conservaban. Ubicaba posiciones fijas, marcadas en rojo, de los posibles focos de almacenamiento de armamento. En tal sentido, habían identificado los puntos donde estaban varias unidades administrativas como la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (Aseupa), la Dirección de Mantenimiento, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y varios locales. Esto debido a que sospechaban que en estas instalaciones habían municiones. Abrían cualquiera de estos establecimientos, y si estos se mantenían cerrados con candados los reventaban y entraban, atestiguó.
El declarante de la UP, reflejando tristeza en su rostro, comenta: “Nos tocó ver a las personas corriendo por las calles; vendadas y ensangrentadas, gritaban por el dolor, sobre sillas de ruedas y camillas, con destino a la Caja de Seguro Social”. Confiesa haber sido testigo de escenas fuertes, tristes y escalofriantes, que aún hoy pernoctan en su mente, como si el pasado no hubiese transcurrido.
Martínez también agradece a Dios que ningún miembro de la seguridad sufriese lesiones o se convirtiese en víctima mortal.
Resalta, en su propio lenguaje, que durante la invasión personal del DPU se puso los pantalones, al exponer sus vidas para defender del saqueo a la Casa de Méndez Pereira.
El sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 200 bombardeos en el barrio de El Chorrillo durante la invasión de EU a Panamá
Por: Carlos Iván Caballero G. Periodista Fotos: Cortesía del Grupo Experimental de Cine Universitario de la UP (GECU) y Archivo de Jaime Toral
El sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 200 bombardeos durante las 2 horas de ataques continuos protagonizados por Estados Unidos en el populoso barrio de El Chorrillo. El objetivo fue el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, comandadas por Manuel Antonio Noriega.
Las 12:46, 40 segundos, fue la hora exacta de la primera detonación. En los primeros 15 minutos el sismógrafo cuantificó 90 explosiones. El sismógrafo es un instrumento vertical formado por imanes y resortes. Mediante la recepción de la vibración permite registrar movimientos sísmicos. Cuenta con un reloj de precisión que registra el tiempo exacto del evento.
Los hechos narrados fueron confirmados al Semanario La Universidad por Jaime Toral, quien para esa época fungía como operador de la Estación Sismológica Mundial del Instituto de Geociencias de la UP. Hoy, es investigador y consultor independiente.
Toral, quien tiene una licenciatura en física y maestría en sismología, sostiene que la estación sismográfica registró 6 detonaciones por minuto, con un intervalo de 10 segundos.
Manifiesta que los registros demostraron que los estallidos alcanzaron 1 y 1.8 en la escala de Richter. La primera detonación de 1.8 ocurrió a la 1:00 de la madrugada.
El sismólogo también explica que un terremoto nunca sucede a una hora exacta, lo cual revela que los estadounidenses tenían una programación para lanzar las municiones más poderosas.
Toral subraya que voceros del gobierno norteamericano negaban el bombardeo sobre el cuartel central, pero, los registros captados por la estación mundial revelaron los hechos. Desmiente lo señalado en torno a que 2 horas después de iniciada la invasión soldados estadounidenses ingresaron al Instituto de Geociencias y hurtaron los registros. Sin embargo, admite que sí estuvieron interesados en conocer si la estación había registrado el bombardeo.
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Violación de derechos humanos
En relación con el impacto que la agresión militar provocó en el país, el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la UP, doctor Olmedo Beluche, arguye que la invasión fue una aterradora violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
Asegura que hay registros de al menos 600 personas fallecidas durante la invasión. Y, que reportes de la Cruz Roja Internacional captaron cerca de 2 mil heridos, y más de 20 mil personas que perdieron sus hogares.
Sostiene además que la invasión afectó la economía nacional arrojando pérdidas por más de 400 millones de dólares.
Beluche insiste en sostener que la invasión no ocurrió para liberar el país, contrario a ello argumenta que el propósito fue establecer gobiernos que apoyaran los intereses de Estados Unidos. En tal sentido asegura que, a partir de 1989, todos los gobiernos aplican la política neoliberal que esa potencia quiere imponer en Latinoamérica.
Universitarios rechazan inacción de los gobiernos en Panamá de demandar a EU tras invasión de 1989
Por: Luis Oldemar Guerra Periodista | Fotos : Cortesia de Grupo Experimental de Cine Universitario de la UP (GECU) y tomada de Google
Después de 33 años de la invasión estadounidense a Panamá, persiste, a través de diversas voces, el descontento ante la ausencia de reclamaciones y demandas contra Estados Unidos, por los gobiernos que han administrado el país después de la intervención militar. Y, sobre todo, por esta fecha que muchos conciben como “Prohibido Olvidar”.
El catedrático universitario y jurista, doctor Miguel Antonio Bernal, dijo que, a pesar del tiempo transcurrido, las heridas siguen abiertas. Los gobiernos que se han sucedido en el poder han eludido las reclamaciones y evitan que se conozca toda la verdad de las consecuencias que este hecho acarreó para el país.
Para el abogado y docente de la UP el tema sustancial no está en declarar el 20 de diciembre como día cívico. Contrario a ello sostiene: “Aquí se ha dejado de enseñar la materia Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Se ha dejado de tener una educación integral para que Panamá logre alcanzar un estatus de país, de Estado, con la política y la personalidad propia que le corresponde en una sociedad moderna”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Economía, magíster Rolando Gordón, argumentó que en cuanto a resarcir al país, Panamá nunca ha presentado un reclamo fuerte a Estados Unidos, incluso, hubo problemas para que se pudiera nombrar una comisión que investigara. “No creo que a esta altura se vaya a dar, esa es la triste realidad de nuestro país”, expresó el economista de la UP.
La abogada Gilma Camargo, representante legal de los querellantes panameños, consultada por el Semanario La Universidad en torno al hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falló a favor del Estado de Panamá, indicó que el informe 121/18 Caso 10.573 de la Organización de Estados Americanos (OEA), anota varias recomendaciones que fueron presentadas al gobierno estadounidense.
Cabe recordar que Estados Unidos no acató tal decisión de 6 de diciembre de 2017, denunció.
Entre las recomendaciones del fallo que cita Camargo, menciona: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos -establecidas en el presente informe-, tanto en el aspecto material como en el inmaterial.
Asimismo, sostiene que el Estado (EE.UU.) deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
La Comisión considera que a efectos de cumplir con esta recomendación el Estado (EE.UU.) debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones declaradas.
La abogada fue enfática al decir que, desde la publicación del informe, se debe garantizar la seguridad de cada uno de los 272 peticionarios, para que no sufran ningún tipo de percance -ellos y sus familiares-. Agregó que el presente fallo, crea un precedente, porque es la primera vez que el pueblo le gana un caso al Gobierno de los Estados Unidos.
El presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Edgar Joel Cedeño, dijo: “Recordar el 20 de diciembre nos llena de mucho dolor y duelo”.
Como jóvenes, en la actualidad tenemos el deber generacional con los mártires, de reclamar lo ocurrido con las víctimas que, en plena víspera de Navidad, fueron asesinadas y masacradas por un gobierno opresor, por una operación que no debía pasar, por una imposición, un capricho de Estados Unidos, destacó Cedeño.
En tanto, el estudiante de Filosofía, Ética y Valores, de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Enrique Vaughan, acotó que lo que más le preocupa después de la invasión, no es lo que no se ha hecho, sino lo que en verdad se hizo, pero no en beneficio del país.
Vaughan se refiere a que Panamá y Estados Unidos durante la presidencia de Mireya Moscoso, en febrero de 2002, firmaron el Tratado Salas-Becker, denominado Arreglo Complementario. El acuerdo permite la entrada del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (U.S. Coast Guard) en el espacio marítimo panameño.
El profesor e internacionalista, Julio Yau Villalaz, ha denunciado que el tratado “forma parte de un conjunto de acuerdos simplificados mediante canje de notas que debieron ser debatidos por la Asamblea Nacional (AN) ya que violan la Constitución Nacional, el Tratado de Neutralidad y el Derecho Internacional.
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