El Presupuesto General del Estado para el año 2023 contempla una asignación de $343 millones a la Universidad de Panamá (UP), cifra que representa una disminución de $7 millones con relación al presupuesto otorgado para el año en curso, afectación que de concretarse afectaría, entre otras áreas críticas para el funcionamiento de la institución, la construcción de la nueva Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería.
La resolución número 9-22-SGP, emanada del Consejo Administrativo de la UP, publicada con fecha 14 de septiembre de 2022, señala que esta reducción constituye «un precedente negativo para la institución, ya que por primera vez en su historia se le estaría asignando un presupuesto menor al del año anterior».
El documento establece que este recorte significa «un duro golpe para su gestión administrativa y académica, pues implica reducir gastos en funcionamiento e inversiones».
Además impide atender el incremento de matrícula de estudiantes para el año venidero, «que sobrepasará los 100,000 alumnos».
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Se advierte que este recorte presupuestario «afecta significativamente la autonomía universitaria y el derecho de sus estudiantes a recibir una educación de calidad, la formación de profesionales idóneos y el desarrollo de las actividades de docencia, extensión y producción en la UP».
En este sentido, en el comunicado se resuelve «rechazar enérgicamente el presupuesto de la UP para el año 2023″ y demanda que el Ministerio de Economía y Finanzas revise las recomendaciones de la Asamblea Nacional, «que fueron sustentadas por la UP en relación al anteproyecto de presupuesto solicitado para el año 2023, en atención a las siguientes áreas críticas:
- Construcciones de las facultades de Medicina y Enfermería
- Construcción del dormitorio estudiantil de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí.
- Las inversiones de los laboratorios del Instituto Especializado de Análisis (IEA)
- Construcción de la Ciudad de la Investigación
- Culminación del CRU de San Miguelito.
Por otra parte, se solicita reconsiderar la partida presupuestaria relativa a la contratación de docentes, «en razón del aumento de la población estudiantil que deberá atender la UP en el próximo año 2023».
Reitera su rechazo al uso de los ahorros de caja de la UP para financiar los programas aprobados por el órgano ejecutivo y en su lugar solicitan dotar a la máxima casa de estudios de los recursos necesarios, procedentes del Gobierno central, «en aras de que la misma pueda cumplir cabalmente sus funciones al servicio de la sociedad panameña«.
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