“El fenómeno del maltrato infantil está ampliamente invisibilizado y, en muchas ocasiones, son los pediatras los que hacen posible que la violencia no pase desapercibida” destacó un panel experto en el 22º Congreso de Actualización en Pediatría de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)
Con información de AEPap
En lo que va de año, dos niños en España han sido asesinados y otros seis han quedado huérfanos de madre por la violencia machista[1]. Se trata de casos extremos -aunque no aislados- y han ido en aumento en los últimos años.
No sólo este tipo de violencia tiene un protagonismo creciente. Las estadísticas del Ministerio del Interior evidencian un elevado número de denuncias de delitos con víctimas menores de 18 años, y el último Informe CoViNNA (Comisión frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes), publicado por el Ministerio de Sanidad, identifica un incremento sostenido de las notificaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en España en los últimos años[2].
En este contexto, la consulta de Pediatría de Atención Primaria “es un espacio privilegiado de detección y prevención de la violencia, acoso o maltrato y la documentación clínica puede resultar determinante en procedimientos de protección o penales”. Así lo ha puesto de manifiesto Gemma Martín, fiscal de la Unidad Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, en el marco del 22º Congreso de Actualización en Pediatría de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), en el cual participaron más de 700 profesionales entre el 5 y el 7 de marzo en Madrid.
La fiscal participó en una mesa redonda sobre el entorno legal y el abordaje de situaciones complejas en la consulta de Pediatría de AP junto con la Dra. María Ángeles Carrasco, coordinadora de Pediatría de la Dirección Asistencial Oeste del Servicio Madrileño de Salud y miembro del grupo de trabajo que elaboró en 2024 el protocolo de notificación de sospecha de maltrato infantil de la Comunidad de Madrid. La mesa ha estado moderada por la Dra. Yolanda Martín, miembro del comité organizador del 22º Congreso de AEPap.
“La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública, no solo social o judicial”, ha recordado la Dra. Carrasco. “Estamos obligados a afrontar decisiones que no se limitan al diagnóstico y al tratamiento, sino que requieren valorar factores sociales y de protección y, cuando proceda, activar un procedimiento mediante la notificación del caso a las autoridades competentes”, ha señalado.
Esta situación se da cuando se detecta maltrato a menores, que puede presentarse en forma de negligencia (el tipo más común detectado, con un 41% de las notificaciones según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, RUMI[3]), violencia psicológica, física o sexual. El 13% de estas notificaciones proceden del ámbito sanitario y el pediatra de AP, como profesional más cercano a las familias, es una figura muy relevante, no solamente para salvaguardar la salud del paciente, sino para determinar un procedimiento penal.
“El fenómeno del maltrato infantil está ampliamente invisibilizado y, en muchas ocasiones, son los pediatras los que hacen posible que la violencia no pase desapercibida”, ha indicado la Dra. Carrasco.
De la consulta al juzgado
“La actuación del pediatra es clave porque lo que comienza como una consulta sanitaria puede adquirir trascendencia en la jurisdicción de menores o en la de adultos”, ha explicado la fiscal Gemma Martín.
“Su capacidad de detección precoz ante posibles situaciones delictivas, unida a su labor asistencial, resulta decisiva para la protección del menor y en muchas ocasiones, para la acreditación de hechos, pudiendo corroborar clínicamente el testimonio de la víctima. Esa intervención debe estar siempre guiada por el Interés Superior del Menor como criterio rector”, ha añadido.
Fuera de las situaciones de delitos violentos, también se ha producido un aumento de conflictos familiares derivados de rupturas con hijos a cargo, de acuerdo con las expertas reunidas en la mesa redonda.
Más allá del entorno penal, las pediatras y la fiscal han señalado la necesidad de que los pediatras se actualicen en aspectos legales, dada la complejidad creciente de las situaciones familiares y sociales.
“En la consulta de Pediatría cada vez se nos presentan con más frecuencia situaciones de diversa índole con un trasfondo legal, normativo, administrativo, donde el pediatra de AP no sabe hasta dónde debe llegar su actuación por obligación, por responsabilidad, o por implicación voluntaria”, ha explicado Yolanda Martín. “En nuestro ámbito sanitario no solo se diagnostican y tratan enfermedades, se adoptan decisiones que afectan directamente a derechos fundamentales del menor: el consentimiento informado, la capacidad del adolescente, las discrepancias entre progenitores, la negativa a tratamientos esenciales, la interrupción voluntaria del embarazo o el internamiento psiquiátrico son algunas de ellas”, ha ejemplificado.
Frente a todos estos escenarios, las expertas han coincidido en que es necesario estar al día de la legislación aplicable a la infancia y, sobre todo, en que “toda actuación debe estar supeditada al principio del interés superior del menor”. “Un diagnóstico clínico que incorpore la dimensión familiar y social y se guíe por el interés superior del menor es clave para activar a tiempo los mecanismos de protección adecuados y garantizar de forma efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, han concluido.
Ciberacoso y la amenaza de los ‘deepfakes’
Además de la mesa sobre el entorno legal y las situaciones complejas, en el marco del 22º Congreso de AEPap ha tenido lugar el seminario “Ciberacoso: lo que no te cuentas y deberías ver”, a cargo de Laura Davara, doctora en Derecho y directora y profesora del Máster de Protección de Datos de la Universidad Europea de Madrid.
En este espacio, los profesionales sanitarios asistentes han tenido acceso a una actualización sobre el abuso entre iguales mediante medios electrónicos y telemáticos, incluida la manipulación de imágenes, creación y difusión de deepfakes grabación no consentida, suplantación de identidad y difusión de contenido violento en redes sociales, entre otros.
“Resulta absolutamente imprescindible que profesionales del ámbito educativo, sanitario y legal conozcamos no solo el concepto de ciberacoso, sino también sus múltiples manifestaciones, a fin de poder identificar situaciones de riesgo y orientar apropiadamente a quienes nos consulten y nos pidan ayuda para acceder a recursos especializados”, ha explicado Davara.
Herramientas institucionales como el canal prioritario de la AEPD[4], línea telefónica 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y servicios de denuncia especializados para menores son algunos de los recursos que se han analizado en el seminario.
Davara ha concluido con un mensaje: la necesidad de prevenir a edades cada vez más tempranas. “No existe una única forma de intervenir, sino múltiples abordajes personalizados según la edad, realidad y circunstancias de cada menor. Lo fundamental es que, como profesionales de referencia, el pediatra de Atención Primaria transmita que el ciberacoso tiene consecuencias reales y que existen medidas para frenarlo y prevenirlo”.
Referencias:
[1] https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMortales_2026_02_19.pdf
[2]https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/docs/Informe_anual_CoViNNA2024.pdf
[3] https://observatoriodelainfancia.juventudeinfancia.gob.es/boletinf-medidas-proteccion
[4] https://www.aepd.es/canalprioritario
Con información de AEPap
