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Conflictos por el uso del agua dulce, problemas de gobernanza y una baja disponibilidad que afecta “la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la resiliencia agrícola”, son parte de las conclusiones de cinco estudios que analizaron las cuencas en países de Centroamérica y Sudamérica, Panamá entre ellos.

Los estudios han sido difundidos hoy, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a propósito del Día Mundial del Agua.

En Centroamérica, se analizó la microcuenca del río El Jute en El Salvador; la microcuenca del río Los Amates en Guatemala; y la subcuenca del Río Candela y Región Hidrográfica Volcán- Cerro Punta en Panamá.

En Sudamérica, los análisis fueron desarrollados en la subcuenca del río Tinguiririca en Chile y en la cuenca del río Lurín en Perú. 

El estudio de caso en Panamá. Subcuenca del río Candela y de la región hidrográfica. Volcán-Cerro Punta (2021), estuvo a cargo de Gilberto Samaniego.

Los hallazgos fueron compartidos a propósito de recordarse este 22 de marzo el Día Mundial del Agua que en el contexto de la pandemia cobra especial relevancia.

Esta fecha también propició, de parte de la FAO, un conversatorio virtual que contó con la participación de María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura de Chile; Julio Berdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO; Frederick Benítez, comisionado presidencial para el Agua de El Salvador; Rita Cestti, directora de Práctica Global de Agua para Latinoamérica del Banco Mundial y Daniel Muschett, vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá.

Julio Berdegué, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, quien abrió el evento, señaló que la región tiene  un tercio del agua dulce disponible, con 28,000 metros cúbicos al año por habitante, cuatro veces más de la dotación de otras regiones, sin embargo, “la desigualdad también se expresa en el acceso al agua”.

Los datos aportados por Berdegué ilustran los contrastes de la región:

En pleno siglo XXI, 166 millones de latinoamericanos no disponen de acceso al agua gestionada de manera segura.

Solo el 65% de la población de la región tiene acceso al agua potable y 22% al saneamiento.

El 70% del agua lo consume la agricultura y, en la visión de 2050, para lograr satisfacer la necesidad de alimento de la población, será necesario incrementar en 50% la producción agrícola, “lo cual significa que la extracción del agua deberá aumentar en 15%”.

Otro dato que justifica la preocupación por el uso y la gestión del agua, es que en cuatro años más, “alrededor de 1,800 millones de personas vivirán en regiones o países con escasez absoluta de agua”, precisó Berdegué.

Si se suma a estas cifras que en América Latina y el Caribe “el cambio en las precipitaciones ya está alterando los patrones de agua dulce”, es necesario encontrar soluciones y ponerse de acuerdo en la gobernanza del agua: quién accede, cómo accede y el marco institucional.

El representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO dijo que se deben impulsar prácticas sostenibles del manejo de la cuenca, de lo contrario, será difícil asegurar el agua del futuro.

Afirmó que la coordinación es la palabra clave e involucra a ministerios, niveles de gobiernos, actores en la cuenca e incluso a países, porque muchos tienen cuencas compartidas.

La experiencia del Canal de Panamá

Daniel Muschett, vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico del Canal de Panamá, compartió la experiencia del Canal de Panamá en la conservación del agua para un futuro sostenible.

Recordó que el Canal de Panamá, además de garantizar el tránsito de 13,785 buques de manera anual (utilizan en promedio 0.2 Mm2 de agua dulce),  aporta el 50% del agua cruda que consumen los habitantes del área metropolitana, en concreto 2.3 millones de residentes de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Reconoció que las medidas sanitarias contra la covid-19 han incrementado el nivel de demanda del agua en hogares y empresas.

Esta realidad impone el reto, a corto plazo, de un uso eficiente del recurso disponible, mantener la disponibilidad de agua potable ante su creciente demanda, así como identificar nuevas fuentes.

Dijo que el Canal de Panamá ha trabajado en campañas de concienciación y monitoreo para lograr un uso responsable.

Detalló que el impacto de la pandemia motivó el retorno de muchas personas a las áreas agrícolas, adyacentes a las cuencas, con el riesgo de tala y contaminación.

Esta realidad ha significado retos que implican desde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), reforzar la vigilancia mediante monitoreo permanente, mejorar la articulación de acciones entre las instituciones y generar protocolos compartidos, así como mantener la comunicación efectiva con actores claves.

Subrayó que se trabaja con personas que viven en la zona y se atienden las características particulares de cada subcuenca.

Esta labor con las organizaciones de base comunitaria implica desde manejo del área, hasta reforestación, educación ambiental y negocios verdes.

El estudio Panamá

El estudio de caso en Panamá. Subcuenca del río Candela y de la región hidrográfica. Volcán-Cerro Punta (Ciudad de Panamá. FAO. https://doi.org/10.4060/cb3728es), autoría de Gilberto Samaniego, procura, entre otros objetivos, “impulsar un diálogo sobre la mejora de la gobernanza y gestión de los recursos hídricos en la agricultura”; “apoyar la planificación estratégica de intervenciones e inversiones (corto, mediano y largo plazo) del Gobierno para reducir las brechas y aprovechar las oportunidades de mejora de la gobernanza del agua” y orientar la asistencia técnica de la FAO.

La visión es “contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), al desarrollo rural territorial y a la resiliencia de los pequeños productores a la variabilidad del clima y al cambio climático”.

Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Panamá, cita en las palabras introductoras del estudio, que la disponibilidad hídrica en Panamá es abundante (se utiliza el 26% de la misma), “sin embargo, tiende a decrecer producto del incremento de la población y el cambio climático.

Los agroecosistemas y sus servicios están expuestos a las amenazas climáticas y son vulnerables. La vulnerabilidad está dada primordialmente por la deforestación y la degradación de la tierra, así como por la baja capacidad adaptativa de estos sistemas y de las personas que dependen de ellos”.

El alcance del estudio solo se refiere a la subcuenca río Candela y la subcuenca de la región hidrográfica Volcán-Cerro Punta, municipio de Renacimiento y Tierras Altas, respectivamente.

Ambas subcuencas están ubicadas en la parte alta de la cuenca río Chiriquí Viejo, que tiene una longitud de 161 km y un área de cuenca de 1,376 km2. Nace al oeste del volcán Barú.

La cuenca río Chiriquí Viejo se divide en 12 subcuencas.

Diagnóstico

Durante los talleres y entrevistas de diagnóstico, “el 60% de las personas que participaron creen que hay escasez de agua causado por la contaminación y la mala distribución, que reduce la disponibilidad del recurso hídrico en diferentes partes de estas dos subcuencas en estudio, y por falta de monitoreo de las instituciones encargadas”.

El otro 40% considera que “existe una mala distribución del agua y lo que falta es información real, comprobable y centralizada que permita hacer los balances hídricos”.

El 100% coincide “que la deficiencia en el uso del agua ocurre por despilfarro y mala distribución”.

El estudio determinó que en esta subcuenca la conversión de bosque a terreno agropecuario pone en peligro los recursos boscosos.

De igual modo, “en ambas subcuencas los diferentes usos del recurso hídrico limitan su disponibilidad, afectada también por la disminución de la calidad de las aguas producto de las actividades industriales, ganaderas y agrícolas, que generan conflictos actuales y requieren la intervención de las autoridades”.

Propuestas

El informe concluye que “la gobernanza del recurso hídrico para la agricultura en Panamá debe ser fortalecida con participación comunitaria en las diferentes fases de la toma de decisiones”.

De interés, es que los resultados de este estudio también se pueden replicar en otras cuencas del país.

Otras conclusiones derivan del análisis y plantean mejoras en las siguientes áreas:

• Actualizar los marcos regulatorios y las leyes de aguas superficiales y subterráneas.

• Generar datos e información actualizada sobre el balance hídrico que oriente la inversión y el financiamiento.

• Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías.

• Fortalecer los gobiernos locales para que elaboren los planes de ordenamiento territorial junto con las instituciones competentes, para reducir los conflictos de uso del agua.

El estudio propone impulsar proyectos para reducir la degradación de la tierra; desarrollar las plataformas digitales como instrumento de capacitación e información para fortalecer la seguridad alimentaria e impulsar proyectos orientados a la gestión de demanda como cosecha de agua de lluvia, embalses multi propósitos, riego por goteo, microaspersión, hidroponía y fertirriego.

La FAO señala que el Gobierno de Panamá es consciente de la importancia “de avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento)” y esperan que los resultados de este informe ayuden a tomar decisiones que impulsen un desarrollo y futuro sostenible.

Chile y El Salvador

María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura de Chile, compartió que Chile lleva diez años de una megasequía.

“Chile es largo y diverso por lo cual hablar de una situación nacional no refleja a cada región. El norte tiene mayor estrés hídrico que la zona sur. Esto requiere una acción coordinada”, precisó.

Reflexionó que “el 47% del mundo rural no tiene acceso al agua”, lo cual genera una contradicción: quienes usan el agua para cultivar muchas veces no logran acceso en lo personal para su consumo.

Dijo que se necesita un enfoque de cuenca, con visión territorial y basado en la relación público, privado y sociedad civil, es decir, colaborativo. Es una condición para avanzar.

Anunció que entre otros desafíos desde la institucionalidad del agua, y como parte de la Política Nacional de Desarrollo Rural, existe la propuesta de un nuevo organismo público, además de reforzar las funciones de las organizaciones de usuarios de agua “y contar con un sistema nacional unificado de información hídrica, dependiente del nuevo organismo público”.

Frederick Benítez, comisionado presidencial para el Agua de El Salvador, señaló que el principal problema de su país es el acceso al agua.

“Tenemos muchas lluvias, pero no la recolectamos”, indicó.

Explicó que trabajan con la FAO para fortalecer la gestión del agua en uso agrícola, de consumo y energético, entre otras acciones.

El Congreso de El Salvador tiene 13 años discutiendo la Ley del Agua y todavía no se ha concluido o aprobado; es un vacío legal que esperan resolver proponiendo una nueva legislación.

Además compartió la visión de estructurar un organismo a cargo del tema agua y mejorar los sistemas de agua potable, tanto urbanos como rurales.

Rita Cestti, directora de la Práctica Global de Agua para Latinoamérica del Banco Mundial, reflexionó que un mundo con seguridad hídrica descansa en tres pilares: Proteger y sostener los recursos hídricos; suministrar servicios eficientes y equitativos y construir resiliencia climática y no-climática.

Señaló que parte de los esfuerzos del organismo, y ahora con la pandemia, ha sido apoyar a los países en focalizar sus programas en estos tres ejes.

El ente, entre otras iniciativas, facilita los diálogos y crea alianzas, sensibiliza a los tomadores de decisiones y aportan conocimientos para la solución.

El agua es una voz protagonista de las sociedades: atraviesa casi todos los objetivos de desarrollo sostenible.

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