La Defensoría del Pueblo “exigió la implementación inmediata de medidas urgentes, como auditorías conjuntas, abastecimiento de medicamentos, refuerzo de personal y reparación de equipos hospitalarios». Colegio Médico de Panamá y la Asociación Médica de Panamá han pedido impulsar cambios que refuercen la calidad del servicio
Por: Redacción LWS
El informe especial de la Defensoría del Pueblo de Panamá, que expone fallas estructurales y operativas en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), es otro alegato a favor de la Ley General de Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud que promueven el Colegio Médico de Panamá y la Asociación Médica de Panamá.
Recordar que el movimiento Cinta Chocolate ha solicitado la aprobación de la Propuesta de Ley «que establece la humanización de los servicios de salud, la seguridad de pacientes y adiciona dos artículos al Código Penal«.
Por su parte, tanto la Asociación Médica Nacional, presidida por la Dra. María Helena Arango, como el Colegio Médico de Panamá, bajo la conducción de la Dra. Raquel Gutiérrez de Mock, han solicitado en nombre del gremio, una Ley General de Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud que no se limite únicamente a regular el acto médico individual, en particular “cuando este se desarrolla dentro de un sistema complejo que requiere una intervención integral y urgente para garantizar calidad y seguridad en todos sus componentes”.
Los gremios comparten “las aspiraciones legítimas de la ciudadanía de contar con un Sistema de Salud accesible, seguro y de calidad, y reconoce la necesidad de que existan mecanismos de resarcimiento para las personas afectadas por efectos adversos, tanto directos como indirectos”, pero insisten que el enfoque punitivo del Anteproyecto de Ley N.º 225, “puede tener serias repercusiones en la educación médica, la formación de futuros profesionales y la disponibilidad de talento humano en salud para el país”.
Coincide esta discusión con la presentación, este martes 30 de noviembre, del informe de la Defensoría del Pueblo.
¿Qué dice el informe de la Defensoría?
Los aspectos más destacados del informe de la Defensoría del Pueblo, en relación con la inspección a centros del Minsa y de la CSS, son públicos y aparecen publicados en el sitio web de la institución.
La inspección se realizó el 17 de septiembre, en visita a centros médicos de Panamá, Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro, entre otras provincias.
Aspectos destacados del documento:
- Escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio es un problema recurrente. “En algunos hospitales, apenas se abastece un 25% de lo requerido, obligando a pacientes a costear tratamientos en farmacias y laboratorios privados. Este desabastecimiento afecta especialmente a personas en situación de pobreza, incrementando la inequidad en el acceso a la atención médica”.
- “Falta de especialistas médicos en áreas vitales como neonatología, anestesiología y psiquiatría. En varias provincias, los hospitales apenas cuentan con un especialista por disciplina, y en turnos nocturnos o de madrugada no hay cobertura. Esta situación, según la Defensoría, puede derivar en retrasos quirúrgicos, diagnósticos tardíos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna”.
- “Déficit de personal de enfermería y técnicos también sobresale entre los hallazgos. En múltiples centros hospitalarios, las enfermeras deben asumir dobles turnos y jornadas superiores a 24 horas, lo que eleva el riesgo de errores y compromete la seguridad del paciente. A esta sobrecarga se suma la falta de equipos en buen estado y la saturación de salas de urgencias, donde pacientes esperan en condiciones indignas”.
- “En el área de hemodiálisis, la Defensoría constató desigualdad entre hospitales. Mientras algunos cuentan con salas adecuadas y número suficiente de máquinas, otros apenas logran cubrir la demanda con infraestructura limitada y personal insuficiente. Pacientes entrevistados manifestaron quejas sobre alimentación inadecuada, largos traslados y fallas en el suministro de insumos, lo que vulnera de forma directa su derecho a la salud y a un trato digno”.
En general, el informe “concluye que estas deficiencias reflejan una desconexión estructural entre lo que se declara en contratos, dotaciones y planes, y la realidad operativa en los hospitales. Las condiciones observadas generan riesgos sanitarios, administrativos y financieros de alto impacto, que afectan tanto a pacientes como al personal médico”.
La Defensoría del Pueblo “exigió la implementación inmediata de medidas urgentes, como auditorías conjuntas, abastecimiento de medicamentos, refuerzo de personal y reparación de equipos hospitalarios. Además, pidió que se garantice un modelo uniforme de atención al asegurado y se fortalezcan los mecanismos de transparencia y supervisión”.
Una frase crucial que interpreta la aspiración legítima del profesional de la Salud y de los pacientes, cierra la presentación: “El derecho a la salud no puede seguir condicionado por fallas administrativas ni por desigualdades territoriales”.
Ver textos vinculados:
- Colegio Médico de Panamá rechaza criminalizar vía ley a los profesionales de la salud
- Asociación Médica Nacional de Panamá propone una Ley General de Calidad y Seguridad en la Atención de la Salud
- Colegio Médico de Panamá propone ley de seguridad y calidad del paciente en lugar de un marco penal restrictivo
Por: Redacción LWS
