Existe la necesidad de pasar de un enfoque de crisis centrado en la costosa diálisis hacia un modelo de gobernanza institucional enfocado en la prevención y la equidad
Por: Dra. Karen Courville, FACP, SNI
La Dra. Karen Courville es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Realizó estudios en Medicina Interna y Nefrología en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid. Tiene un Fellow en Investigación Renal del Instituto Mario Negri en Bérgamo, Italia. Investigadora del Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas. Miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI)
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), integrada por 22 sociedades de Nefrología Miembros; el Consorcio para el Estudio de la Nefropatía en Centroamérica y México (CENCAM) y el programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA) han logrado establecer un contacto estrecho con entidades como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA).
Estos esfuerzos unirán la política pública como herramienta que permitirá realizar modelados de sistema en enfermedad renal para realizar una intervención con mayor impacto y recomendar enfoques integrales para mejorar la salud de la región.
Basado en el modelo del «Triángulo que mueve la montaña», la implementación de políticas públicas en salud es un proceso dinámico y estructurado que va más allá de la simple redacción de normativas. Su importancia radica en la interacción de tres pilares fundamentales:
- Gobernanza Institucional: La política actúa como el eje de administración para el desarrollo de estrategias, proporcionando una capacidad institucional dedicada y una estructura de gobernanza clara.
- Gestión del Conocimiento: Para que una política de salud sea efectiva, debe fundamentarse en datos de alta calidad que permitan no solo la toma de decisiones informada, sino también el monitoreo y la evaluación constante de los resultados.
- Participación Social: La legitimidad de cualquier intervención en salud depende del compromiso activo de los interesados (stakeholders), garantizando que las soluciones respondan a las necesidades reales de la población.
Este miércoles 25 de marzo se discutieron cinco temas importantes con líderes en la región: Dr. José Renán De León, secretario ejecutivo SE-COMISCA; Dr. Ricardo Correa-Rotter, nefrólogo encargado de liderar acciones sobre Ley de Salud Renal en México y ante OPS; Dr. Marvin González, especialista en Salud Ambiental y Salud Pública, investigador, representando a CENCAM; Dr. Randall Lou, néfrólogo pediatra y líder en el programa de Salud Renal de Guatemala; la Dra. Karen Courville, néfrologa representante de SALTRA y el Dr. Vicente Sanchez-Polo, presidente de la SLANH, para abordar temas relacionados a la políticas de salud en ERC.
1. Importancia de una Política Pública en Salud Renal
La política pública representa el eje de gobernanza y rectoría indispensable para transformar la atención de la salud renal de un modelo reactivo a uno proactivo y sostenible. Al establecer una capacidad institucional dedicada, se garantiza que la ERC no sea tratada como un gasto aislado, sino como una prioridad de Estado que integra recursos financieros, humanos y legales. Esta estructura de gobernanza permite que las intervenciones tengan continuidad a pesar de los cambios en las administraciones políticas, otorgando seguridad jurídica y operativa a los sistemas de salud.
Como primera línea de acción, es fundamental el fortalecimiento de la rectoría mediante la creación de comisiones nacionales de salud renal que operen bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas. Estas entidades deben encargarse de la planificación estratégica, asegurando que la atención de la ERC esté alineada con los objetivos de Cobertura Universal de Salud. El enfoque debe centrarse en la estandarización de procesos que permitan reducir las brechas de equidad, garantizando que el acceso a terapias sustitutivas y preventivas sea un derecho ciudadano y no un privilegio sujeto al poder adquisitivo.
Guatemala tiene una trayectoria con una historia de éxito que ha sido apoyada por su Ministerio de Salud, basados en el conocimiento de los datos de ERC proporcionados por los médicos.
En una segunda línea de acción, la política pública debe fomentar la integración sistémica de la salud renal dentro de los programas de Enfermedades No Transmisibles ya existentes. Esto implica que el manejo de la diabetes y la hipertensión incluya el monitoreo de la función renal como un indicador de calidad en la atención primaria.
Al institucionalizar estos procesos, se logra una optimización de los recursos públicos, evitando la duplicidad de esfuerzos y permitiendo que la infraestructura de salud existente se convierta en una red de contención eficiente para el paciente renal.
La estrategia principal consiste en promulgar una Ley de Salud Renal Integral en cada país de la región que asigne un presupuesto específico y protegido. Esta ley debe blindar los fondos destinados a la prevención y el tratamiento, asegurando que el «triángulo» de la gobernanza tenga el sustento financiero necesario para mover la montaña de la carga epidemiológica que representa la ERC en Latinoamérica. México ha logrado grandes avances en este tema de salud, que debe ser apoyada por los tomadores de decisiones.
2. La Resolución OMS 2025 como Oportunidad de Implementación
La Resolución OMS 2025 se presenta como un marco de referencia global que otorga legitimidad y urgencia a las reformas sanitarias locales en la región. Esta oportunidad internacional permite a los países latinoamericanos alinear sus agendas internas con compromisos globales, facilitando el acceso a asistencia técnica y cooperación internacional.
Al adoptar este marco, los Ministerios de Salud pueden justificar la inversión en salud renal como un requisito para cumplir con las metas de reducción de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles ante organismos multilaterales.
La primera línea de acción bajo este marco es el establecimiento de metas medibles y ambiciosas para el año 2025 que reflejen la realidad de la Cobertura Universal de Salud en el cuidado renal. Esto requiere una evaluación sistemática de las políticas actuales para identificar brechas en la prestación de servicios y ajustar las normativas locales a los estándares internacionales de calidad. Los gobiernos deben utilizar esta resolución para presionar por una actualización de los cuadros básicos de medicamentos y tecnologías médicas, asegurando que las innovaciones en nefro-protección estén disponibles para toda la población. En este sentido, se han logrado grandes avances con negociaciones a través de SICA y SE-COMISCA con los países de la región.
La segunda línea de acción se enfoca en el uso de la resolución para fomentar la diplomacia en salud y el intercambio de mejores prácticas entre los países de la región. Se podrían crear plataformas de consulta regional donde se compartan modelos de éxito en la implementación de la Resolución OMS 2025, adaptándolos a los contextos socioeconómicos de Latinoamérica. Este intercambio permite que países con sistemas de salud menos desarrollados puedan adoptar protocolos ya validados, acelerando la curva de aprendizaje y optimizando el uso de los fondos destinados a la salud pública renal.
3. Políticas Públicas de ERC Implementadas en la Región
Latinoamérica ha iniciado una transición hacia políticas más robustas, pasando de un enfoque centrado exclusivamente en la diálisis a modelos de gestión integral de la enfermedad. Actualmente, existen iniciativas que buscan mejorar el registro de pacientes y la detección temprana, aunque su implementación varía significativamente entre naciones.
Estas políticas representan el cimiento sobre el cual se debe construir una respuesta regional coordinada que considere tanto la ERC tradicional como las variantes emergentes vinculadas a determinantes ambientales y ocupacionales.
La primera línea de acción observada es la consolidación de Registros Nacionales de Diálisis y Trasplante que proporcionan la base de conocimientos necesaria para la toma de decisiones. Países como Uruguay y Argentina han demostrado que contar con datos precisos permite una planificación de recursos mucho más eficiente y una mejor asignación de cupos para trasplante renal. Estos registros deben evolucionar para incluir las etapas tempranas de la enfermedad (estadios 1 a 3), permitiendo una intervención oportuna que retrase la progresión hacia la necesidad de terapias de reemplazo renal.
La segunda línea de acción se centra en el desarrollo de políticas específicas para la Nefropatía Mesoamericana en Centroamérica y otras regiones agrícolas. Estas políticas integran la salud ocupacional con la salud renal, estableciendo normativas de hidratación y descanso para trabajadores expuestos a estrés térmico y agroquímicos, como lo ha realizado El Salvador y Costa Rica. Al abordar las causas no tradicionales de la ERC, la región está liderando un campo de la salud pública que es vital para las comunidades rurales y que requiere un enfoque multisectorial que involucre a los ministerios de trabajo y medio ambiente.
La estrategia sugerida es la implementación de un Modelo Regional de Salud Renal Preventiva que estandarice los criterios de detección precoz en el primer nivel de atención. Este modelo debería ser adoptado por los institutos de seguridad social y los ministerios de salud para garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su régimen de afiliación, reciba el mismo protocolo de tamizaje y manejo inicial.
4. Importancia de la Investigación y Generación de Evidencias
La generación de evidencia científica de alta calidad es el pilar del «conocimiento» en el triángulo de la política pública, permitiendo que las decisiones se basen en realidades y no en supuestos. En el contexto de la ERC, la investigación local es crucial para entender cómo los determinantes sociales, la genética de la población latina y los factores ambientales influyen en la progresión de la enfermedad. Sin datos precisos sobre el costo-beneficio de las intervenciones, es difícil convencer a los tomadores de decisiones de desviar fondos de la atención hospitalaria hacia la prevención primaria.
La primera línea de acción requiere el financiamiento de estudios de carga de enfermedad y evaluaciones de impacto económico que demuestren el ahorro a largo plazo de la detección temprana. Es necesario producir evidencia local que cuantifique el costo de mantener a un paciente en diálisis frente al costo de un tratamiento nefro-preventivo eficaz en estadios iniciales. Esta información técnica es la herramienta de negociación más poderosa para los líderes de salud al momento de solicitar incrementos presupuestarios ante los ministerios de finanzas o economía.
La segunda línea de acción debe promover la investigación clínica y epidemiológica multicéntrica en la región para identificar factores de riesgo emergentes. Esto incluye el estudio de la relación entre el cambio climático, la contaminación del agua y la salud renal.
La creación de redes de investigadores regionales facilitará la producción de metaanálisis y guías de práctica clínica adaptadas a la disponibilidad de recursos de nuestros países, evitando la dependencia exclusiva de literatura generada en países con contextos económicos distintos. En este sentido hay varias iniciativas en curso y otras por iniciar, pero ya existen estudios con datos publicados por investigadores de la región que nos demuestran la necesidad de fortalecer la investigación en la región.
5. Planes de Acción para Fortalecer la Política Pública
El fortalecimiento de la política pública de ERC requiere un enfoque de «participación» activa donde todos los actores del sistema de salud colaboren bajo un plan de acción coherente y dinámico. Este plan debe traducir la visión estratégica en actividades operativas con responsables, plazos y recursos claramente asignados. El éxito dependerá de la capacidad de los países para movilizar no solo al sector salud, sino también a la sociedad civil, las asociaciones de pacientes y el sector privado en un esfuerzo conjunto y coordinado.
El fortalecimiento del primer nivel de atención mediante la capacitación masiva y continua del personal de medicina general y enfermería. El plan de acción ya iniciado en países como Guatemala incluye programas de certificación en salud renal que faculten al médico de atención primaria para iniciar tratamientos nefro-protectores y gestionar la referencia oportuna al especialista. Al empoderar a la base del sistema de salud, se reduce la saturación de los servicios de nefrología y se mejora significativamente el pronóstico de los pacientes al ser captados en etapas reversibles o controlables.
Además, la implementación de programas de educación y empoderamiento para la comunidad y las asociaciones de pacientes. Un plan de acción integral debe contemplar campañas de comunicación social que informen sobre la importancia de la salud renal y el autocuidado, así como mecanismos formales para que los pacientes participen en el diseño de las políticas que les afectan.
La consulta activa con los interesados (stakeholders) asegura que las intervenciones sean culturalmente aceptables y que cuenten con el respaldo social necesario para su implementación exitosa y sostenible. Varios países de la región ya han iniciado sus programas de educación, pero se les debe buscar sostenibilidad para logren tener un impacto para las generaciones futuras.
Conclusión
Las políticas públicas en salud renal son el pilar estratégico que permite transformar la atención de la Enfermedad Renal Crónica en Latinoamérica, pasando de un enfoque de crisis centrado en la costosa diálisis hacia un modelo de gobernanza institucional enfocado en la prevención y la equidad.
Su importancia radica en que proporcionan el marco legal y financiero necesario para integrar la detección temprana en la atención primaria, garantizando que el acceso a tratamientos nefroprotectores y al trasplante no dependa de la capacidad económica del paciente, sino de una planificación de Estado sostenible.
Al alinear los recursos nacionales con estándares internacionales como la Resolución OMS 2025, estas políticas actúan como el «triángulo que mueve la montaña», permitiendo que los países de la región enfrenten los desafíos epidemiológicos mediante decisiones basadas en evidencia científica y una participación activa de todos los sectores de la sociedad.
Por: Dra. Karen Courville, FACP, SIN
