Por: Orlando Rivera
Orlando Rivera. Periodista y abogado, egresado en Periodismo de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia
Panamá requiere una política pública 4.0 que promueva inversiones en innovación, educación y emprendimientos, y deje a un lado la burocracia, si quiere erradicar las crecientes desigualdades económicas que amenazan con rasgar el tejido social panameño y arrastrar al país a situaciones de inestabilidad como ocurre en otros países de Latinoamérica, coincidieron expositores de diversos sectores económicos durante el cierre de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2023, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Pese a que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) estima que la economía mundial tendrá una fuerte desaceleración en el 2023 con el endurecimiento de la política monetaria y la incertidumbre geopolítica, Panamá no resultará tan maltrecha.
Se proyecta que el país cierre con un crecimiento de 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y 4.3% en el 2024, reveló Carolina Camacho, economista de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
Como es habitual, los números macroeconómicos dejan bien posicionado a Panamá, pero si se ausculta a profundidad, saltan a la vista las enormes desigualdades que amenazan con incrementarse aún más, debido a la poca inversión pública en innovación y tecnología, frente a los países desarrollados que apuestan por la cuarta revolución industrial.
Gaby Aued, CEO de la empresa Tecnasa, recordó que Panamá tiene un plan de inversión en tecnología e innovación, pero faltan gobiernos comprometidos con visión de Estado para implementarlo.
Con el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) 2019 – 2024 , el gobierno de Laurentino Cortizo prometía aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de 0.13% a 1% del PIB en el 2024, sin embargo la ambiciosa iniciativa ha quedado en papel.
Por su parte, Otto O. Wolfschoon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), también resaltó que “ aún esta pendiente el tema de sandbox y fintech, porque no se ha manejado de forma correcta”.
Sandbox es un espacio controlado de pruebas en el cual las fintech (Financial+Technology) ponen en marcha sus últimas innovaciones y valoran su impacto en el mercado. No obstante, Panamá no cuenta con regulación.
En el pasado gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modernizar el Sistema Financiero de Panamá, por medio del cual buscaba regular las fintech, criptomonedas y otros temas, pero no se discutió y la actual administración ha hecho tibios intentos por reflotarlo.
Todos estos temas atrasan las aspiraciones de ser un país con una economía digital robusta.
“Se requiere una política pública 4.0 para que los países como Panamá se sumen a la cuarta revolución industrial”, destacó Gustavo Crespi, líder de la división de competitividad e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para ello, Crespi recomienda implementar Mesas Ejecutivas (ME) que permitan identificar las restricciones que obstaculicen las ambiciones digitales y tomar medidas para eliminarlas.
También recomienda realizar inversiones en intangibles como patentes, licencias, marcas comerciales, diseños, derechos de autor, además de gastos en investigación, desarrollo y aplicaciones informáticas.
Las empresas latinoamericanas presentan importantes brechas en la adopción de las nuevas tecnologías digitales en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según un informe de Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países de América Latina están entre los 50 más digitalizados del mundo.
“Esto acrecentará la brecha de desigualdad entre los países desarrollados y los no. Vamos a un mundo más desigual. Es un desastre “, se lamentó Crespi.
Defender nuestras ventajas competitivas
Tras la inclusión en listas discriminatorias, el sector servicios ha perdido competitividad.
Moisés Cohen, presidente de la junta directiva de Capital Bank, reveló que las sociedades anónimas disminuyeron de 750,000 a 250,000, causando al país pérdidas por 500 millones.
Recomienda la creación de una entidad que se dedique a proteger servicios internacionales que ofrece Panamá.
Por su parte, Belisario Porras, socio de Parron, Moreno & Asvat, dijo que para seguir liderando el abanderamiento de barcos dijo que se pretende reformar la Ley 57 General de Marina Mercante para hacer más eficiente los trámites y sacar de la Autoridad Marítima de Panamá la Dirección General de Registro de Naves
Miguel Bolinaga, presidente para los negocios de AES Panamá, hizo un llamado para que se respete la seguridad jurídica de los inversionistas, que no dudan en llevarse su dinero a otros países cuando les cambian las reglas del juego.
Por: Orlando Rivera
