fbpx
Imagen de Freepik

Con información de ICM | Science

El artículo tiene como fondo la protesta cívica que rechazó en Panamá la minería a cielo abierto y culminó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 406

Investigadores del Instituto de Ciencias Médicas (ICM), de la Universidad de Panamá (UP) y del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), proponen en artículo publicado en la revista Science, que el país “debería formular políticas ambientales basadas en principios científicos y en evidencia, consultar suficientemente con sus residentes, y priorizar la preservación de sus bosques protegidos invirtiendo en proyectos sostenibles”.

El artículo es autoría de  Iván Landires y Virginia Núñez-Samudio por el  ICM, situado en la provincia de Los Santos; de Irene Castillero, del  Departamento de Química Analítica de la UP y de  Isaías Ramos del CIAM.

Se produjo con la intención de “poner en el contexto científico mundial de alto nivel, la discusión de la minería a cielo abierto en Panamá y sus efectos dañinos sobre la salud”.

El artículo tiene como fondo la protesta cívica que rechazó en Panamá la minería a cielo abierto y culminó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que adoptaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

El fallo extinguió el contrato, pero la mina se mantiene en un promedio de 13,000 hectáreas de terreno en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Los científicos advierten que se trata de un “espacio protegido en pleno corazón del Corredor Biológico Mesoamericano en la costa atlántica de Panamá”.

Al respecto, el artículo recuerda que el contrato había ignorado la opinión ciudadana y la posición de las instituciones científicas.

“Panamá es uno de los tres únicos países con emisiones de carbono negativas en el mundo, en parte porque más del 40% de su territorio está cubierto por bosques.

Sin embargo, el país tiene débiles instituciones ambientales y carece de presupuesto para un seguimiento y una gestión eficaces de sus áreas protegidas”.

Advierten que continuar la minería significa que Panamá pierda la categoría de carbono negativo.

En este escenario, una legislación fuerte, sustentada en la evidencia que aporta la ciencia, consulta a los residentes y dar prioridad a la preservación de los bosques, con una inversión sostenible, de largo plazo, puede ayudar al país a recuperar la senda trazada en beneficio de las futuras generaciones.

Ver publicación:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adm7959