La consulta, bajo la figura de cabildo abierto, se desarrollará este jueves 26 de junio, a las 4:00 p.m., en el Salón Parroquial de Chitré
Redacción LWS
La sociedad civil organizada ha decidido no esperar y, ante el impacto en la salud pública de la contaminación de los ríos La Villa y Estivaná ,y sus efectos en la población de la península de Azuero, presenta a la comunidad y al país el anteproyecto de Ley Marco para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de Contaminantes Peligrosos.
La consulta, bajo la figura de cabildo abierto, se desarrollará este jueves 26 de junio, a las 4:00 p.m., en el Salón Parroquial de Chitré, convocada por un comité ciudadano, de hombres y mujeres, que han decidido ser parte de la solución, informó el Dr. Jano Jaramillo, pediatra neonatólogo y quien integra este grupo al servicio de la región y del país.
El grupo multidisciplinario está integrado por representantes de la Iglesia, del sector productor, médicos especialistas en Salud Ocupacional, pediatras, neonatólogos y genetistas, así como investigadores en el campo de los metales pesados y la epigenética, agroquímicos, expertos en salud pública, agrónomos, abogados especialistas en materia ambiental y profesores universitarios.
Aspectos del anteproyecto de Ley Marco para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de Contaminantes Peligrosos
La Ley se fundamenta en varios instrumentos legales, constitucionales e internacionales, con la Constitución Política de la República de Panamá como directriz superior que declara en su artículo 109 “que es función esencial del Estado velar por la salud de la población”.
El anteproyecto de ley expone que “la contaminación por plaguicidas altamente peligrosos (PAP), metales pesados, microplásticos, ftalatos, bisfenol A (BPA) y otros contaminantes emergentes amenaza gravemente la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria en Panamá. Pese a contar con normas dispersas, el país carece de un marco legal integrado, coordinado y eficaz que permita actuar con celeridad y transparencia ante esta amenaza”.
Al respecto, se propone “la creación de un sistema nacional articulado entre el Minsa, MIDA, MiAmbiente e IDAAN, con competencias definidas, recursos asignados y distintos mecanismos”.
Este sistema tendrá, entre otras funciones:
• Vigilar y reportar la presencia de contaminantes.
• Coordinar respuestas correctivas y remediaciones.
• Garantizar acceso a la información.
• Promover educación ambiental.
• Proteger a trabajadores y comunidades en riesgo.
Será el principal objeto de esta ley, “establecer el marco legal para la vigilancia sanitaria y ambiental de contaminantes peligrosos, mediante el monitoreo, evaluación, control y publicación de datos sobre plaguicidas altamente peligrosos, metales pesados y contaminantes emergentes en:
• Agua cruda y potable
• Suelo agrícola
• Alimentos frescos y procesados”.
La ley será de amplio cumplimiento en todo el territorio nacional.
Contempla el instrumento jurídico, la creación del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y Ambiental (SNIVAS), conformado por:
a) Equipo Técnico Regulador: Minsa, MIDA, MiAmbiente e IDAAN.
b) Comité Técnico-Científico: Universidades, centros de investigación y sociedades científicas.
c) Consejo Consultivo: Sociedad civil, sector productivo, gremios profesionales, asociaciones de pacientes y consumidores.
El Minsa “ejercerá la coordinación general del sistema sin detrimento de la autonomía técnica de cada entidad. Las decisiones del SNIVAS serán vinculantes para todas las partes”.
Entre otras funciones, deberá monitorear contaminantes de forma periódica; establecer estándares nacionales armonizados con Codex, EFSA y OMS; publicar resultados trimestralmente en un portal de acceso público; emitir alertas sanitarias y ambientales, así como proponer planes de prevención, sustitución y remediación.
La ley propone acciones en materia educativa, sanciones e incluso contempla la parte presupuestaria.
Un aporte valioso que demuestra la conciencia cívica del pueblo panameño y su capacidad de responder a los desafíos.
Redacción LWS
