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Por: Hisvet Fernández

Hisvet Fernández es psicóloga social, feminista, activista de los DDHH de las Mujeres y los Derechos Sexuales y Reproductivos, directora del Centro de Capacitación para la Vida (Cecavid). Integrante de la Alianza Salud Para Todas. Coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, núcleo Lara. 
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Si hay un aspecto, dentro de la Agenda de la Salud de las Mujeres y en particular de la Sexual y Reproductiva (SSR) que causa más resistencia, es “la interrupción voluntaria del embarazo”, la IVE o aborto.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de diciembre de 2011 titulado Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual, realizado en colaboración con el Guttmacher Institute, destaca entre sus conclusiones que los países con legislaciones más restrictivas o que prohíben la IVE cuentan con cifras mayores de IVE que aquellos que la regulan como un derecho a la salud sexual y reproductiva.

Es muy evidente que el número de embarazos no deseados no depende de cómo se regule la IVE sino de las políticas de educación sexual integral, en SSR en toda la línea de vida de las personas, de las facilidades de acceso a los métodos anticonceptivos que tenga la población y de las políticas públicas en materia de SSR con Perspectiva de Derechos Humanos y de género que se desarrollen.

Un grupo de mujeres latinoamericanas establecieron el 28 de septiembre del año 1990 que la libertad de decisión sobre el propio cuerpo es un derecho humano esencial. Son 42 años de lucha, que cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de manera legal y segura.

La fecha se determinó en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. Esto se hizo al considerar que miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de abortos inseguros y que esa mortandad había que detenerla.

La IVE penalizada lo que logra es castigar a las mujeres que la practican y a las personas que cooperan con ellas, imponer al personal de salud, penas y  multas e inhabilitación para ejercer sus profesiones y prestar cualquier tipo de servicios en establecimiento sanitario público o privado.

Se castiga como delito, la expedición, suministro, venta o propaganda de cualquier sustancia anticonceptiva u objeto destinado a evitar la procreación. Esto no trae beneficios para las mujeres, sólo trae y propicia los negocios clandestinos que especulan a las mujeres y a sus colaboradoras/es. No disminuye la IVE, solo que se realizan clandestinamente, recurriendo a personas que ponen en riesgo la vida y la salud integral de las mujeres, a las más pobres les espera la muerte y a las más ricas pagar dinerales por un derecho y para estar protegidas. Y el número de mujeres, niñas y adolescentes forzadas a seguir adelante con embarazos no deseados y sufrir por ello, es incalculable.

Hoy toda la lucha de las mujeres organizadas, el desarrollo de los derechos humanos y los avances científicos han permitido que podamos separar, dentro del ejercicio de la sexualidad, la dimensión placentera de la reproductiva y por tanto la posibilidad de vivirlas de manera autónoma, incluyendo el derecho a disfrutar las relaciones sexuales de forma placentera y sin el temor al riesgo de un embarazo no deseado.

“La OMS calcula que, de los 211 millones de embarazos anuales, unos 87 millones son involuntarios, 46 millones acaban en abortos provocados, 2,5 millones son debidos a inapropiada o falla de los métodos y 6 millones se producirían aún utilizando los métodos anticonceptivos correctamente”.

Las mujeres consideraron en ese encuentro, del 28 de septiembre de 1990,  que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres y es necesario hacer campañas en cada país del continente para lograr ejercitar el derecho a la IVE como derecho de forma legal, no clandestina, segura y digna.

Impulsando tres consignas que juntas forman las líneas de un Programa para la Política pública en Salud, específicamente en Salud Sexual y Reproductiva:

  • Educación sexual integral para decidir
  • Métodos anticonceptivos para no abortar y
  • Aborto legal para NO morir.

Es por esto que es muy importante que las mujeres conozcan de esta fecha y lo que se plantea alrededor de cada 28 de septiembre, independientemente de su postura ante la IVE. Porque prohibir y sancionar la IVE obliga a todas las mujeres a ser madres, mientras que la despenalización no obliga a ninguna mujer a abortar. La legalización o despenalización de la IVE respeta la voluntad de decidir de todas las mujeres, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

Por: Hisvet Fernández