UP: Reducir en 10% planilla oficial agudizaría el desempleo

La Universidad de Panamá, a través del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), en comunicado a la Nación, y ante la coyuntura social que vive el país, generó propuestas como manera de conseguir salidas de consenso.

El Dr. Arístides Isaac Gómez, director del IDEN y quien participa en la Mesa del Diálogo por Panamá, suscribe el documento que alerta, entre otros aspectos, que  “la reducción del 10% de la planilla estatal no resuelve la situación que vive el país, más bien la agudiza; es decir, un total de 27,000 funcionarios públicos pasarían a la categoría de desocupados y eso no es un criterio ni económico ni social el afectar a los más vulnerables del país, cuando existe otras medidas que se pueden tomar con ventajas”.

Por un lado, señala, para la generación de empleo, es bien claro que, si el Estado y el sector privado no invierte, no habrá ninguna posibilidad de generación de empleo.

Las cifras nos están diciendo, que el presupuesto del Estado tiene un rubro de inversiones de más de $150 millones y el pago de planilla se va alrededor de $500 millones.

«Por lo tanto, tenemos que ser más racionales y técnicamente responsables para buscar y resolver la problemática social que presenta hoy en día el pueblo panameño».

Por el otro lado, el congelamiento de algunos productos de la canasta básica alimentaria tampoco resolverá el problema de su elevado costo.

“El verdadero problema subyace en que tenemos una economía basada en el oligopolio, fuera del contexto de una verdadera economía de mercado, donde predomina la especulación, la colusión de precios y la intermediación de productos agrícolas. Aparte, los carteles de la medicina, la alimentación y los oligopolios de los combustibles que, utilizando los mecanismos no generados por el mercado sino por leyes especiales, les permiten mantener precios especulativos y de colusión encareciendo el costo de vida de los panameños”.

Advierte el documento que la evasión fiscal deja pérdidas al Estado: “Del año 2009 al 2019, por incumplimiento tributario, es decir, evasión del Impuesto sobre la Renta, alcanzó la suma de $34,968,3 millones, es decir, 3,496,93 millones por año”.

«Con respecto al ITBMS, un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) indica que en Panamá hay una evasión del consumo que asciende al 39,7%, desde el año 2009 al 2019, es decir, más de 11 455 millones de balboas; esta suma es aproximadamente de 1,189,3 millones de balboas por año de evasión. Esta evasión total representaría un 6% del Producto Interno Bruto (PIB)», precisa.

Propuestas al país

El IDEN de la UP, en atención al análisis anterior, expone, entre otras propuestas.

• Exigir a la Dirección General de Ingresos mayor eficiencia en el cobro de los impuestos y la revisión de leyes para evitar la elusión y la evasión fiscal.
• Sugerir que se utilice el Fondo de Ahorro de Panamá, creado por medio de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, y que tiene como uno de sus objetivos principales el establecer un mecanismo de estabilización para casos de estado de emergencia.
• Realizar una revisión metodológica del cálculo del combustible al consumidor, ya que los distribuidores no utilizan el mercado norteamericano para aprovisionarse de combustible.
• Revisar las tasas impositivas de los puertos y de los ingresos altos.
• Reducir el gasto público presupuestado en rubros que no afecten su funcionamiento.
• No reducir la planilla estatal, sino congelar vacantes hasta que pase la crisis internacional y que solamente sean nombrados en materia educativa y de salud.
• Es necesario el análisis de los subsidios principalmente del sector privado y que se dé una mayor eficiencia en los subsidios como programas de 120 a los 65, Red de oportunidades, el subsidio a la electricidad, el tanque de gas, entre otros. Por ninguna circunstancia debemos eliminar los subsidios que favorecen a la gran mayoría del pueblo panameño.
• Revisar periódicamente el presupuesto de la Asamblea Nacional.
• Al sector privado intermediario, es decir, el sector comercio y a los intermediarios del sector agrícola, hacer un análisis concreto y determinar los verdaderos precios y ganancias para evitar la especulación y colusión de precios. Estos precios deben ser cónsonos a las reglas del mercado.
• En cuanto al mercado de la medicina, convertidas en oligopolistas y que algunas prácticas se han convertido en monopsonio, es necesario que el Estado rompa con estos carteles y los obligue a seguir las reglas del mercado, evitando la especulación y colusión de precios.
• Al sector minero, específicamente el de cobre, es necesario darle seguimiento a la producción de ese metal y su contenido en oro, ya aceptado por la compañía, y su proceso de desglose debe darse en Panamá y no en el extranjero, para conocer el porcentaje de oro que se lleva la compañía sin que el Estado panameño tenga un beneficio real del mismo.
• Se hace imperativo derogar la ley 789, sobre el incentivo de fomentar el turismo en Panamá, en vista de que esta ley beneficia a un sector reducido y muchas de ellas están ligadas al poder del Estado.
• Destinar el presupuesto anual no ejecutado por parte de instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, a los programas sociales.
• En cuanto al programa de retiro voluntario dentro del sector público, ningún funcionario debe irse con menos del 70% de su salario.

En un principio, señalan, nuestro análisis estaba de acuerdo con el precio del combustible a 3,95 propuesto por el Gobierno, sin embargo, al analizar las tendencias mundiales, proponen un precio alrededor de 3,47 el galón.

En esta coyuntura, también proponen una revisión del modelo económico de Panamá y lograr la diversificación de la producción: “No podemos seguir con el modelo económico transitista, caracterizado por su exclusión social y una pésima distribución de las riquezas, fomentando la desigualdad económica”.

Ver comunicado completo: