Violeta Villar Liste
La crisis de la covid-19 ha impactado los sistemas sanitarios y educativos. También, de manera dramática, el empleo, en particular el juvenil y los sectores que concentran de forma mayoritaria a trabajadoras.
El informe, Actualización sobre el trabajo juvenil. Impacto en el mercado de la crisis de la covid-19 (junio, 2021), preparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), describe que a nivel mundial, el empleo juvenil cayó en un 8,7% en 2020 en comparación con el 3,7% de adultos.
La proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación (la tasa de ninis) ha aumentado en muchos países y aún no ha regresado a los niveles previos a la crisis en la mayoría de los casos, advierte el documento.
René Quevedo, experto en temas de empleabilidad, señala que a efectos de Panamá, el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, refleja que “la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 29 años es del 21%, 6 puntos más que en agosto 2019 (15%).
“Esta cifra está subvalorada, pues entre agosto 2019 y octubre 2021, 66,637 jóvenes con esas edades perdieron sus empleos y 40,773 dejaron de buscar trabajo, para depender del Vale Digital.
Los jóvenes (15-29 años) son hoy 23% de los trabajadores y 49% de los desempleados del país, así como el 38% de quienes perdieron sus fuentes de ingreso producto de la pandemia”.
El informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, publicación semestral elaborada en forma conjunta por la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que “América Latina y el Caribe ha sido la región con la mayor contracción de las horas de trabajo en todo el mundo, con una pérdida del orden del 16,2% entre 2020 y 2019, cifra que casi duplica la estimada a nivel mundial (8,8%).
La investigación destaca que “la pandemia afectó en mayor medida a los sectores más intensivos en mano de obra menos calificada”.
En particular, describe el informe, las mujeres con menor nivel educativo se vieron más afectadas por la pérdida de empleo que los hombres con igual nivel educativo y que otras mujeres con mayor nivel de formación.
Inversión y educación
Ante la consulta, ¿cuál es el camino corto para atender el desempleo juvenil?, Quevedo analiza:
“Existen dos aspectos. El primero, vinculado con la inversión. Sin inversión privada no habrá generación de empleos formales.
En este sentido, la generación de empleos formales entre enero y octubre 2021 marcha a un ritmo 44% inferior al del 2019, año en el que se crearon 52,040 empleos, todos informales. Este patrón es síntoma de la existencia de incertidumbre en los inversionistas.
El segundo tiene que ver con la eduación. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y no está generando las competencias que el sector productivo requiere.
Como referencia, en el 2018, nuestras universidades graduaron a 32,709 profesionales (INEC), pero sólo 1,957 (menos del 6%) encontraron empleo en el 2019 (antes de la pandemia)”.
En este contexto, promueve Quevedo, debe mejorarse el clima para la inversión privada en el país, proyectando confianza con respecto a las reglas y seguridad jurídica para las inversiones.
Y en segundo lugar, es importante focalizar la educación/formación en la generación de habilidades y competencias por las cuales el sector productivo está dispuesto a pagar, fomentando la formación técnica con orientación práctica, más que la “titulitis”.
Estrategias regionales para apoyar el empleo juvenil
Quevedo, entre otras experiencias regionales para atender el desempleo juvenil, mencionó el Programa de Aprendiz Legal en Brasil, instrumentado a través de la Ley de Aprendizaje (Ley 10.097 del 2000), que establece que las empresas medianas y grandes deben contratar como aprendices a jóvenes de entre 14 y 24 años.
“El Aprendiz Legal es un programa de preparación e inserción de los jóvenes en el mundo laboral, que cuenta con el apoyo de la Ley de Aprendizaje (10.097 / 2000).
Es un programa de formación profesional básica, desarrollado por la Fundación Roberto Marinho e implementado por instituciones de formación aliadas en todo el país. La gestión del Programa es compartida con la empresa, siendo las instituciones colaboradoras las responsables de la formación teórica y certificación del joven.
Trabajando en alianza, la Fundación Roberto Marinho brinda apoyo pedagógico e institucional y promueve la formación inicial y continua de las instituciones asociadas. El seguimiento y la evaluación del Programa son permanentes y compartidos entre los actores del Programa: aprendices, empresas, instituciones educativas y la Fundación Roberto Marinho”.
Una experiencia de impacto en Panamá, es la creación del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el cual “surge como una contribución a la mejora del sistema educativo, siendo una oferta educativa atractiva, en la cual estudiantes que hayan finalizado su educación media o bachillerato, tengan la oportunidad de realización personal, con una educación profesional y técnica basada en la calidad, inclusiva y que responda al crecimiento y desarrollo económico”.
La gerente educativa del ITSE, Dra. Milena Gómez Cedeño, explicó en fecha reciente, que el modelo ITSE permitirá preparar profesionales para suplir las necesidades de los sectores productivos.
Trabajan en una modernización curricular y la puesta en marcha de la Escuela Digital.
La OIT sostiene que se precisa actuar y evitar “que la salida a corto plazo se convierta en exclusión a largo plazo para una generación de jóvenes, que ahora enfrentan mayores desafíos de volver a entrar el mercado laboral, con los riesgos que conlleva lograr una reducción sustancial de las tasas de ninis (meta 8.6 de los ODS) en 2030; un objetivo ya pospuesto a partir de 2020”.
El marco de políticas covid-19 de la OIT, se inclina por “mantener un apoyo más amplio a la economía y mercado laboral, junto con medidas específicas dirigidas a los jóvenes más vulnerables”.
Entre otras, “identificar oportunidades para el crecimiento del empleo entre los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, particularmente a través de políticas de desarrollo sectorial”.
“Fomentar la retención educativa y de formación, que también requiere lidiar con las desigualdades asociadas con la entrega en línea de programas, así como centrarse en el apoyo de políticas a los jóvenes que están retirados del mercado laboral”.
La OIT propone ampliar la cobertura de protección social, incluir prestaciones por desempleo y asegurar que los jóvenes sean elegibles, lo cual es clave para garantizar que no abandonen el sector formal.
El organismo reflexiona que “el diálogo social y colaboración social, incluida la voz de los jóvenes, son esenciales para asegurar el desarrollo de políticas integrales de empleo que promuevan trabajos de buena calidad”.
