“Paula tiene 35 años. Está casada. Son tres sus hijos en edad escolar y vive con cinco personas en su casa. Trabaja en el sector informal y gana unos $12 dólares por día”.
Paula se podría llamar María, Carmen o Rosa y es real. Ella forma parte de las 220,000 personas que en la región llenaron una encuesta para entender lo que sufren las familias, ahora y antes a causa de la pandemia.
El ejemplo de Paula, a quien, como otras Paulas, le cuesta quedarse en casa a causa del virus porque su trabajo es en la calle, lo puso sobre la mesa Eric Parrado, economista jefe y gerente del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a propósito de la presentación del estudio La crisis de la desigualdad. América Latina y el Caribe en la encrucijada, autoría de Matías Busso y Julián Messina, ambos con el cargo de economista líder del BID.
Parrado observa que es tres veces más probable que un hogar pobre perdiera su empleo a causa de la pandemia que una persona de altos ingresos.
De igual modo, a los niños de hogares pobres se les dificulta el acceso a internet, de manera comparativa con los hogares ricos, situación que ahonda el problema educativo, si bien, como destaca Parrado, América Latina en las dos últimas décadas logró reducir de 42% a 23% la pobreza y su clase media escaló de expresar el 23% de la sociedad al 38%.
Los sistemas sanitarios mejoraron y más jóvenes han logrado ir a la universidad, pero el caso de Paula y las manifestaciones de calle en la región demuestran, afirma el gerente del Departamento de Investigación del BID, que las personas no solo quieren salarios dignos, también aspiran a educación de calidad, vivir en espacios verdes, insertarse en la revolución digital y en general ser tratados con dignidad y respeto.
El balance que deja este estudio es desolador de no actuar: “Saldremos con más desigualdad que antes”.
“En el país promedio de América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, mientras que el coeficiente de Gini promedio es 0,46.
Hay cierta heterogeneidad: Brasil, Honduras y Panamá se encuentran entre los más desiguales, mientras que El Salvador, Uruguay y Argentina están entre los más igualitarios. Nicaragua y República Dominicana se encuentran cerca del medio de la distribución regional de la desigualdad”, cita la investigación.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID, reflexiona en el prefacio de la investigación:
“Las sociedades de América Latina y el Caribe empezaron a practicar el distanciamiento social mucho antes de que la pandemia del coronavirus llegara a poner a prueba su resistencia y a exponer sus vulnerabilidades. Se trata de un distanciamiento social causado por la extrema desigualdad en la región, que socava la fe de los ciudadanos en el bien común y amplía la brecha entre ricos y pobres”.
Al respecto, y en el camino hacia esa sociedad más igualitaria, Moreno habla de la necesidad de una “transformación de la política pública para ampliar las oportunidades para todos”.
Una nueva agenda social, potenciar el acceso al empleo decente y una mejor tributación, son también otras alternativas que se expusieron durante la presentación de este texto que pone en otro nivel, más allá del sanitario, el debate sobre el impacto de la pandemia.
Desigualdad y pandemia
Matías Busso y Julián Messina ofrecieron una perspectiva general de los hallazgos contenidos en la investigación La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada, una completa investigación que abarca desde género, raza y etnicidad, hasta salud, educación, mercados laborales, política fiscal y democracia.
Busso dijo que así como la desigualdad fue en 2019 la causa de las manifestaciones de calle en la región, ahora, asociada a la pandemia, será uno de los grandes desafíos.
Además, observó, esta desigualdad se acompaña de sensación de vulnerabilidad y de injusticia.
Busso afirma que en el corto plazo el 70% de las personas de hogares de ingresos bajos han perdido sus recursos, mientras, en el caso de hogares de ingresos altos, esta pérdida es del 20%.
Una de las razones de esta diferencia es por la mayor capacidad de las personas de ingresos altos de trabajar desde el hogar.
Mientras, en el caso de ingresos bajos, muy asociados a la informalidad, las personas se emplean en oficios que requieren proximidad (ventas de comida en calle, por ejemplo), de allí que se vaticine una baja demanda de empleo hasta resolverse la pandemia.
Otra brecha importante es la digital: 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a internet.
El investigador contempla efectos de corto, pero también de largo plazo, por las implicaciones estructurales de la pandemia.
Del lado educativo, observa que muchos alumnos, ante las escuelas cerradas y la imposibilidad de acceder a internet, no están acudiendo a clases “y esto traerá consecuencias en aprendizaje y tasa de abandono, lo cual afectará el desempeño en el término de poder conseguir empleo”.
Otras desigualdades son de género: las mujeres trabajan más horas (a la carga laboral se suma la doméstica), pero por cada dólar ganado por el hombre, la mujer trabajadora recibe $87 centavos de dólar.
Esta desigualdad también se replica entre comunidades indígenas (ganan 27% menos) y las afrodescendientes (17% menos).
“A mucha gente no le alcanza el dinero para vivir” y esta frase, que pareciera ser una expresión común, tiene una expresión numérica determinante: el 40% no gana suficiente y del 20% más pobre solo el 10% puede afrontar emergencias ante la falta de ahorros.
En el estudio se describe que “solo cuatro de cada 10 personas en la región declaran disponer de recursos para lidiar con una emergencia. Estos niveles de resiliencia son incluso más bajos en el caso del quintil más pobre de los hogares, pues solo una de cada cinco personas en dicho quintil declara ser capaz de hacer frente a las necesidades financieras derivadas de una emergencia (en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el 50% de los hogares de más bajos ingresos tienen algún ahorro para abordar las emergencias)”.
En este escenario de desigualdad, la posición de la clase media también es de vulnerabilidad “y siempre está en riesgo caer en pobreza”, advierte Busso.
Las transferencias de los gobiernos debido a la pandemia, fue menor para este grupo de la población.
Además, advierte que muchas fueron en función de programas ya existentes para los más pobres y que por lo general no llegan a la clase media.
Otras cifras que expresan el desaliento de la población de la región, es la insatisfacción con los servicios públicos.
Además, el 45% de las personas no está satisfecha con los sistemas de salud y el 35% dicen que su hijos no tienen oportunidades para crecer y aprender.
Al investigador, desde esta perspectiva, no le sorprende que solo el 15% de la población considere hoy que la distribución del ingreso es justa.
Este indicador, afirma, ha caído desde el 2013 a la actualidad, coincidente con el aumento de las protestas sociales y el porcentaje de hogares que se sienten vulnerables.
Julián Messina ahondó en más razones que abren la brecha profunda de la desigualdad, a pesar de los grandes avances de la región:
La mortalidad infantil es hasta dos veces más alta; los hijos de familias de bajos ingresos tienen peores resultados de aprendizaje, de hecho, dos años de rezago en relación con los alumnos de mejores condiciones económicas.
Un aspecto determinante, es la redistribución insuficiente e ineficaz de los recursos de los Estados: Hasta el 30% del gasto social termina en manos del 60% más rico y otras partidas terminan en su gran mayoría beneficiando a quienes son menos ricos.
Pone como ejemplo que los subsidios eléctricos benefician en 80% a los más ricos y en el caso de los medicamentos (reducción del IVA o del Itbms), al 60% más rico.
En el lado fiscal, los ingresos, hasta el 50%, se obtienen por impuestos al consumo “que son neutrales o regresivos”, mientras en el caso de los países de la Ocde, esta mayor tributación descansa en ingresos, beneficio y capital.
Analiza que en la región las democracias, en su mayoría sistemas jóvenes, no canalizan las demandas ciudadanas por una mayor y mejor distribución de los recursos.
Messina advierte que el contrato social, el cual define como el conjunto de normas no escritas que establecen las obligaciones de la relación ciudadanos-Estado, o lo que esperan recibir del Gobierno, está fracturado.
Esta fractura tiene su expresión en realidades como los servicios públicos. Las clases medias y altas, al percibir que son de baja calidad, buscan soluciones privadas y muchas veces no óptimas.
En el caso educativo, en la región el 43% de los jóvenes de secundaria van a colegios privados; mientras en los países de la Ocde solo ocurre con el 10%.
Analiza que esta privatización, tanto de los servicios públicos como de la educación, genera segregación.
“Un chico pobre en Chile o Perú tienen una probabilidad casi nula de juntarse en la escuela con chicos ricos para socializar. Esto nos da una fotografía de la segmentación y nos habla de la cohesión social futura”.
Analiza que si esos jóvenes nunca lograron compartir espacios comunes, será muy difícil que se puedan poner de acuerdo para decisiones de impacto en sus sociedades.
Desde la perspectiva geográfica, la región expresa otra realidad: pobres y ricos están juntos pero separados por barreras, de allí que no resulte una sorpresa para el investigador la presencia de bajos niveles de confianza interpersonal.
“La región está en un cuadrante negativo donde la desigualdad es alta y la confianza baja”.
Desde esta perspectiva, el informe también plantea una agenda hacia una región más inclusiva y menos desigual. Son tres estos pilares:
-Igualar condiciones:
Calidad: salud, educación
Reglas del juego: mercado laboral
Normas sociales de género y raza
-Más redistribución a través de:
Mejor gasto y mejor sistema impositivo
En muchos casos, más gasto social e impuestos
-Redefinir el aseguramiento social:
Redes de protección más robustas e inclusivas
El reto de la salud
El informe dedica su capítulo seis al tema La desigualdad en salud: Una historia de expansión y fragmentación.
Señala que “el gasto sanitario de la región sigue siendo bajo en comparación tanto con el de los países de la Ocde como con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gasto mediano en la región no ha variado mucho en los últimos veinte años y asciende a aproximadamente al 6,64% del PIB, una cifra muy inferior a la mediana del 8,97% del gasto en los países de la Ocde”.
Por otra parte, “el gasto público sanitario correspondencia en promedio al 67,9% del gasto total y solo tres de quince países tienen porcentajes superiores al 6% recomendado por la OMS”.
Preocupa que en la circunstancia de la pandemia, las dificultades económicas obligue “a los hogares a tomar la difícil decisión de gastar sus limitados recursos económicos en alimentación en lugar de medicinas.
En este contexto, los gobiernos deberán plantearse proveer medicación gratis para las personas que son pobres y tienen enfermedades crónicas subyacentes”.
Más soluciones
Durante la presentación del estudio, se desarrolló un foro, moderado por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante el cual se expusieron otras visiones que agregan a esta agenda.
Conversaron Marcela Meléndez, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud); Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM) y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Marcela Meléndez, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), considera como punto crítico la exclusión de algunos segmentos de la sociedad de los servicios públicos, porque al pagarlos de manera privada, además de fragmentar, “no se demanda con la misma vehemencia los servicios del Estado”, en términos de exigir mayor calidad.
También le resulta dramático el hecho de no coincidir en los espacios educativos: Parte de no coincidir es que crecemos con miedo a la diferencia, observó.
En relación con el desempleo y las ayudas sociales, señala que ante una informalidad tan grande en los mercados, estas personas no están en los registros y las ayudas o transferencias monetarias no las han alcanzado.
Considera que estas transferencias, como programas de rescate que deben ser transitorios, se deben mantener para ayudar a la gente a darle sobrevivencia y sostener la demanda.
Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), por su parte, afirma que el gran motor de la igualdad y la inclusión es el empleo y, de hecho, estudios demuestran que el 90% de quienes lograron salir de la pobreza fue gracias al empleo y no a los subsidios.
“No podemos ser una clase media sólida sin empleo y esta crisis evidenció una diferencia enorme entre quienes son asalariados y autoempleados”, observó.
En su perspectiva el gran desafío es cómo generar más inclusión con empleo porque transferencias sociales, por ejemplo, del 5% del PIB, considera no son sostenibles en el tiempo.
En esta perspectiva, un tema que están trabajando y al cual se refirió, es en trabajar en carreras cortas universitarias (no de 4 y 5 años) como un trampolín de reconversión en un momento de cambio estructural y en pensar que no se trata solo de pensar en políticas educativas y sí en crear oportunidades laborales para los jóvenes.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), observa que el estudio del BID da cuenta de los movimientos sociales del 2019 y cómo esta desigualdad en América Latina se profundizará a causa de la pandemia.
Indica que los gobiernos reaccionaron en función del espacio fiscal que tenían, con transferencias sociales desde un punto del PIB y hasta 10 puntos.
“El retiro temprano del estímulo puede ser muy peligroso y se debe lograr este acuerdo de las sociedades latinoamericanas”, expresó.
De igual modo, se pronuncia por acuerdos nacionales que impulsen la sostenibilidad fiscal con reformas de largo plazo.
Esto también incluye eficiencia del gasto en salud y educación y combate a la corrupción.
Otros temas que trajo a la mesa, y forman parte de la investigación, es propiciar Estados fuertes en más aseguramiento social y espacios para que el sector privado invierta, aumente la productividad y los países crezcan.
Vea el estudio completo:
Violeta Villar Liste
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