En el documento solicitan al “Órgano Ejecutivo que no sancione la reforma derivada del Proyecto de Ley 571 y utilice las herramientas legales disponibles para objetarla”, que se mantenga la protección integral establecida por la Ley 304, se reglamente adecuadamente y se fortalezca su implementación, en lugar de debilitarla
Con información de Ciencia en Panamá
La Fundación Ciencia en Panamá, organización sin fines de lucro que reúne a científicas y científicos de diversas áreas del saber, expresó su profunda preocupación por la reforma aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional, que modifica la Ley 304 de 2022.
En documento público, la organización destaca que en general “la reforma aprobada al Proyecto de Ley 571 representa un retroceso en la protección ambiental de Panamá al debilitar las salvaguardas de arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y otros ecosistemas marino-costeros esenciales para la biodiversidad, la pesca, el turismo y la seguridad alimentaria».
La evidencia científica, sostienen, demuestra que estos ecosistemas funcionan de manera interconectada y que su degradación aumenta la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente al cambio climático, el aumento del nivel del mar y la pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales.
La Constitución de la República de Panamá y compromisos internacionales reafirman el compromiso del país a fortalecer, y no debilitar, la protección de estos ecosistemas.
Desde una perspectiva científica y técnica, la evidencia disponible no respalda reducir el alcance de la Ley 304 de 2022 y refuerza la necesidad de mantener políticas públicas basadas en evidencia científica, sostenibilidad, transparencia, participación ciudadana y diálogo multisectorial.
En el documento solicitan al “Órgano Ejecutivo que no sancione la reforma derivada del Proyecto de Ley 571 y utilice las herramientas legales disponibles para objetarla”, que se mantenga la protección integral establecida por la Ley 304, se reglamente adecuadamente y se fortalezca su implementación, en lugar de debilitarla.
De igual modo, exhortan, ante cualquier discusión futura sobre estos ecosistemas, se sustente en evidencia científica, en consultas amplias y con la participación de comunidades, especialistas, sectores productivos y sociedad civil.
Deber legal de proteger el ambiente
Recuerda la Fundación Ciencia en Panamá el mandato constitucional del Estado de “garantizar un ambiente sano, mantener el equilibrio ecológico y asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice evitando perjuicios ambientales, económicos y sociales, y, sobre todo, que responda al bienestar social y al interés público”.
Además Panamá es signataria de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención CITES y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, compromisos que obligan al país a fortalecer la protección de los humedales y de los ecosistemas asociados.
Por otra parte, la reformada Ley 304 de 2022 “parte de un principio ecológico ampliamente respaldado por la ciencia: los arrecifes de coral no viven solos. Los manglares, los pastos marinos, los humedales, los estuarios y los arrecifes forman sistemas ecológicos interconectados, en los que circulan nutrientes, organismos y procesos ecológicos esenciales para la salud del ecosistema en su conjunto. Si se afecta, incluso parcialmente, uno de estos ambientes, se afecta a todo el sistema”.
De manera contraria, la reforma aprobada reduce la protección legal de pastos marinos y ecosistemas asociados como los manglares, y deja parte de su protección a futuras decisiones administrativas, lo que implica un retroceso en la defensa del ambiente.
La evidencia científica a favor del ambiente
La evidencia científica, indica Ciencia en Panamá en su comunicado, demuestra que los manglares y pastos marinos funcionan como hábitats de crianza para peces, decápodos (como langostas y cangrejos, entre otros) y moluscos de importancia ecológica y pesquera.
Los manglares y pastos marinos cumplen funciones esenciales para la protección de las costas, ya que estabilizan los sedimentos, reducen la erosión, capturan carbono y ayudan a amortiguar los impactos de las tormentas y del aumento del nivel del mar, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades costeras frente al cambio climático.
En este contexto, destacan, el país debe priorizar estrategias de adaptación basadas en los ecosistemas y una planificación territorial realista ante los escenarios actuales de cambio global. La expansión de la infraestructura costera y la ocupación progresiva de espacios naturales representan una amenaza significativa, pues el aumento del nivel del mar obligará a muchos ecosistemas costeros a redistribuirse de forma natural hacia nuevas áreas.
Cambio climático y vulnerabilidad costera
Subrayan que el Ministerio de Ambiente ha identificado múltiples zonas costeras de Panamá como altamente vulnerables al aumento del nivel del mar hacia 2050, incluyendo áreas de Bocas del Toro, Colón, Darién, Panamá Oeste y la Comarca Guna Yala.
Entre las zonas identificadas se encuentran Isla Carenero, Changuinola y Bastimentos, donde los ecosistemas marino-costeros cumplen funciones esenciales de protección natural frente a tormentas, erosión e inundaciones.
En este contexto, reiteran, debilitar la protección legal de estos ecosistemas implica un aumento del riesgo ambiental y social para las poblaciones costeras y la economía local
“La propia Ley 304 de 2022 reconoce que manejar adecuadamente estos ecosistemas es complejo y ordena evaluar, inventariar y monitorear los arrecifes, los pastos marinos y los ecosistemas asociados”.
Recuerdan que la Ley 304 es fruto de un amplio proceso de consulta y discusión técnica que no se puede obviar.
La experiencia internacional demuestra que restaurar un manglar, un pasto marino o un arrecife degradado puede resultar muy costoso, demorar muchos años o incluso no lograrse; en cambio, prevenir el daño es más efectivo y mucho menos costoso.
Reiteran la disposición de la comunidad científica a contribuir, mediante el diálogo y la evidencia, al fortalecimiento de las políticas públicas ambientales que promuevan un desarrollo sostenible y resiliente para Panamá.
De igual modo, invitan a la ciudadanía, organizaciones comunitarias y a otros sectores “a informarse, participar y defender estos ecosistemas, esenciales para nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro como país”.
Con información de Ciencia en Panamá
