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Sobre embarazo y adolescencia expusieron la Dra. Eugenia Rodríguez y  la magíster Jennifer Delgado en la XIV Conferencia Médica Internacional en memoria del Dr. Alan Gabster

Por: Violeta Villar Liste

Asegurar a la adolescente embarazada  acceso a salud y a educación libres de violencia, y evitar que esta etapa signifique su expulsión del sistema, debe ser un compromiso de la sociedad. También generar políticas de prevención del embarazo adolescente con base en evidencia científica y no en sesgos personales o ideológicos

El embarazo y su asociación con una etapa feliz en la vida de la mujer, tiene otro rostro cuando se trata de adolescentes, quienes están atravesadas por violencias múltiples.

Viven la violencia de manera previa al embarazo, en sus contextos sociales, ciclo que continúa al  “comunicar” la situación de embarazo, tanto a la pareja como a la familia, y se acentúa en la escuela, en la sociedad y centros de salud e incluso permanece en el proceso de parto.

En el caso de Panamá el embarazo adolescente constituye una realidad social: es el tercer país de la región con mayor cantidad de embarazos adolescentes, un promedio de 10,000 al año, de acuerdo con las cifras de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa).

Asegurar a la adolescente embarazada acceso a salud y a educación libres de violencia, y evitar que esta etapa signifique su expulsión del sistema, debe ser un compromiso de la sociedad.

También, lograr acceso a educación sexual con base en evidencia científica y no en sesgos personales o ideológicos.

Sobre embarazo y adolescencia desde sus perspectivas, expusieron la Dra. Eugenia Rodríguez, doctora en Antropología Social y magíster en Género y Desarrollo, así como investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) y  la magíster Jennifer Delgado, socióloga con formación en Derechos Humanos, prevención de la violencia de género y docencia superior, directora ejecutiva en Aplafa.

Ambas intervinieron en la XIV Conferencia Médica Internacional en memoria del Dr. Alan Gabster, en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega de Santiago de Veraguas, con el respaldo del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) y de la  Red de Desarrollo Comunitario de las Américas (CDNA por sus siglas en inglés)Salud mental, sexual y medicina tropical, en la agenda de Conferencia Médica Internacional

Adolescentes embarazadas, atravesadas por distintas violencias de género

Eugenia Rodríguez Blanco es doctora en Antropología social y magíster en género y desarrollo. Sus trabajos de investigación se ubican en la antropología feminista y aplicada. Ha trabajado como investigadora, consultora y docente en diversos países de África y América Latina. Desde el año 2012 reside y trabaja en Panamá. En el año 2014 se incorporó a la Universidad de Panamá como profesora visitante e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá e investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). Ha liderado varios proyectos de investigación sobre las desigualdades de género y los derechos de las mujeres

La Dra. Eugenia Rodríguez es una estudiosa del tema sobre embarazo adolescente. Generó junto con su equipo una investigación que es crucial para comprender esta realidad.

Se titula, Nosotras no somos una cifra, una etnografía del embarazo en la adolescencia en Panamá, el cual aporta antecedentes para sus nuevos estudios en desarrollo: Embarazo en adolescentes: Hay que ponerles voz; ellas no son una cifra

La tasa de embarazo adolescente en Panamá es de 81 por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años (estadísticas del Ministerio de Salud), una cifra muy superior si se compara con América Latina: 63 por cada 1,000 e incluso con Europa: 12.7 por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años.

La Comarca Ngäbe-Buglé (40.2%) concentra el mayor número de embarazos adolescentes, seguido de Panamá Este (38.4%), Bocas del Toro (35.7%), Panamá Norte (34.8%) y Chiriquí (27.3%).

Este estudio pidió analizar el embarazo adolescente más allá de su impacto en las cifras de mortalidad materno-infantil o de pobreza y escuchar las voces y realidades de las jóvenes para diseñar políticas públicas efectivas.

Abuso, agresión o violencia sexual pueden ser causas del embarazo adolescente o realidades sociales como querer marcharse de casa, desconocimiento sobre su propia sexualidad o procurar compañía.

Luego, al ser invitada a formar parte de un proyecto editorial que aborda la violencia de género como “escuela” de todas las violencias en Centroamérica, la Dra. Eugenia Rodríguez entendió que era una oportunidad de desarrollar con mayor profundidad las causas y consecuencias de este tipo de violencia en la adolescente embarazada, tema que ya había sido una voz de alerta en Nosotras no somos una cifra, una etnografía del embarazo en la adolescencia en Panamá que de hecho generó un documental audiovisual de alerta sobre la violencia que sufren las jóvenes al ingresar en los centros de salud y durante el proceso del parto.

Violencia de género y el sufrimiento de la adolescente embarazada

La violencia de género la define  la Dra. Rodríguez con base en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993:

Es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológica para la mujer tanto en la vida pública como en la privada”.

Manifesta relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres.

La Ley 82 (24 de octubre, 2013), por su parte, define la violencia contra las mujeres en su artículo 3 como “cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial… incluye las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Los testimonios (22 adolescentes embarazadas o madres), recogidos por la autora, evidencian que las adolescentes embarazadas son víctimas de violencia de varios tipos y modos.

“En el contexto de ocurrencia, en la gestación y el parto, en sus relaciones de pareja, la familia, la comunidad y las instituciones. Tanto en el ámbito público como en el privado”.

Más allá de la violencia sexual, y del hombre adulto como victimario en parte de las causas, las implicaciones de esta situación se reflejan en que las jóvenes dejan de ir a la escuela y sufren maltrato en los centros de salud.

De esta forma, advierte, las consecuencias negativas de un embarazo en la adolescencia no pueden atribuirse solo a la edad, sino también a las violencias de las cuales son víctimas durante el embarazo y el parto.

De manera previa al embarazo, las jóvenes viven “violencia física, psicológica y sexual en sus contextos domésticos y familiares, en sus relaciones afectivas o noviazgos. También hay violencia sexual como causa del embarazo”.

Al embarazarse, se expresan otros modos del miedo: Miedo a contar la noticia a la familia o al novio o responsable del embarazo por ser un desencadenante de la violencia,

Durante el embarazo, ocurre violencia psicológica por parte de sus familiares, la sociedad, los profesionales de las instituciones de salud o educación.

Son criticadas y cuestionadas. Sufren exclusión en sus barrios y casas, en la calle, en el transporte público, en las escuelas, centros de salud y hospitales.

Esta situación determina sus decisiones posteriores como no ir a los controles de salud, abandonar la escuela o recluirse en sus casas.

El parto es otra etapa de este ciclo de violencias. La investigadora recogió testimonios cargados de experiencias de discriminación y maltratos traumáticos por violencia obstétrica para la adolescente, con efectos en su salud física y emocional.

De manera posterior, la ausencia de responsabilidad de quien la embarazó y la violencia económica o patrimonial, hacen compleja la situación de la madre adolescente.

La investigadora exhorta como conclusión de esta investigación a la responsabilidad social e institucional y asegurar a las adolescentes embarazadas, acceso a la salud y a la educación libres de violencia.

Políticas públicas con base en evidencias científicas y no en sesgos personales


La magíster Jennifer Delgado es socióloga con formación en Derechos Humanos, prevención de la violencia de género y docencia superior. Fue consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para la organización del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Laboró por 11 años en la Defensoría del Pueblo, ocupando el cargo de Oficial de Derechos Humanos y posteriormente, de Directora de Protección de los Derechos de las Mujeres; fue jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración. Es la directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA).
 

La magíster Jennifer Delgado recordó que la sexualidad es compleja e incluye dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas y culturales que evolucionan a lo largo de una vida.

Esta dimensión, observa, está atravesada por aspectos biológicos, sociales, políticos, históricos…

En el caso de la salud sexual y reproductiva “entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear” conforme a la libertad individual.

Esta libertad implica “acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables”.

Dijo que en Panamá, en relación al embarazo adolescente, existen las Normas técnicas y administrativas del Programa Nacional de Salud Integral de Los y Las Adolescente, una norma técnica del año 2006 y si bien se trabaja en su actualización, la fecha “indica que es un tema que hace falta atender”.

De hecho, “muchos profesionales de salud  niegan la atención a la población adolescente cuando acuden por alguna situación vinculada con su salud sexual y reproductiva”.

Analizó que además de las barreras legales existen “aspectos socioculturales, creencias personales y religiosas que impiden al profesional de salud atender a estas poblaciones”.

En el caso de la anticoncepción de emergencia, está condicionada al récipe médico.

“Ocurre que si esta persona es una adolescente, y no tiene acceso a servicios de salud, ya el solo hecho de tener que ir a consulta médica para acceder a la anticoncepción de emergencia significa una barrera”.

La especialista explicó que en el caso del aborto, en Panamá solo está despenalizado por malformación del feto, con riesgo de pérdida de vida para la madre.

“Se permite en casos de violencia sexual si el periodo de embarazo no excede las ocho semanas, pero ocurre que muchos de los delitos sexuales son contra niñas y adolescentes, quienes tardan en notificar la situación por temor a los agresores que por lo general forman parte de su familia”.

Con respecto a las guías de educación sexual del año 2021, considera que la legislación hace especial énfasis en la parte biológica y no al conjunto de aspectos que involucra la parte salud sexual y reproductiva.

Desde Aplafa proponen crear espacios seguros en las comunidades que permitan a las niñas y adolescentes comunicar sus necesidades.

“Un gran desafío es separar las creencias personas y religiosas y actuar en función de los criterios y la evidencia científica”.

De igual modo, generar normas y políticas públicas basadas en evidencia científica y fomentar el acceso a educación sexual integral, con servicios de salud que impacten de manera favorable en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.

La ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, al presentar los avances, retos y desafíos en el marco del Plan Estratégico del Gobierno Nacional 2019-2024, delineados para la niñez y la adolescencia, en relación al embarazo en adolescentes, detalló que en este periodo “se instaló el Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente, en el que se aprobó y se ha implementado la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente, la sanción de la Ley de educación sexual y el programa piloto de prevención de embarazo en la adolescencia en la 24 de Diciembre, San Miguelito y Soloy”.

Dijo que se han sentado las bases “para una transformación sistémica, invirtiendo en la Primera Infancia y en un sistema que proteja y garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. A pesar de los avances, aún persisten retos como la desigualdad, la pobreza, la migración y la violencia”.

Por: Violeta Villar Liste | redaccion@lawebdelasalud.