La programación de la vacunación, como acción colectiva en salud pública, debe gestionarse con una planificación enfocada en la dignidad de la persona, con apego a la perspectiva de los derechos humanos y los principios éticos que son fundamentales en salud: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva, señaló la Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela en un nuevo exhorto para lograr un plan de vacunación en respeto a lineamientos éticos.
En el comunicado suscrito por el Dr. Enrique López-Loyo, presidente de la ANM, y por el Dr. Huníades Urbina-Medina, secretario académico, reflexionan que la vacuna contra la COVID-19 es un bien preciado y se percibe como la esperanza para volver a la “normalidad”.
Esa esperanza de la vacunación contra la COVID-19, indica la ANM, se ve frecuentemente entorpecida en una pandemia caracterizada por la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas.
Al respecto, afirman que “la programación de la vacunación, como acción colectiva en salud pública, debe gestionarse con una planificación enfocada en la dignidad de la persona, con apego a la perspectiva de los derechos humanos y los principios éticos que son fundamentales en salud: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva”.
Sin embargo, reconocen, en un país deteriorado, con recursos de salud escasos, con una población de alta vulnerabilidad, es indispensable respetar el principio de justicia distributiva, la equidad y la priorización de los grupos de mayor riesgo en el acceso a la vacuna.
“En ninguna circunstancia se pueden permitir la improvisación, la discrecionalidad, ni las decisiones individuales.
La definición del plan de vacunación y la toma de decisiones deben ser establecidas por las autoridades de salud en un marco deliberativo, como el de la ética de la responsabilidad”.
Priorizar la aplicación
La ANM, en este contexto, señala que uno de los puntos clave para lograr una estrategia efectiva de vacunación contra la COVID-19, especialmente en su fase inicial en la que se prevé un suministro limitado de vacunas, consiste en la priorización de su aplicación.
“Para su diseño y aplicación se han definido algunos criterios, atendiendo factores de salud pública, sociodemográficos y de evidencias científicas de la eficacia de las vacunas.
Entre ellos, se debe comenzar con los grupos de riesgo (por ejemplo, el personal de la salud más expuestos a la infección, que además es indispensable para preservar la capacidad de cuidar a los pacientes con COVID-19 u otras enfermedades); administrarla inicialmente a las personas más vulnerables (personas mayores y las afectadas por enfermedades crónicas y debilitantes en las que se ha comprobado que la vacuna es beneficiosa para protegerlas contra la infección); y luego vacunar a las personas más jóvenes para que hagan de barrera en la cadena de transmisión”.
También la ANM considera que la vacunación debe centrarse primero en aquellas regiones del país donde la incidencia de la COVID-19 sea más alta.
“Estos enfoques, deben modularse en función de las circunstancias de cada momento y de la disponibilidad real de aplicar la vacuna de manera efectiva a la población.
Debe considerarse también la duración de la inmunidad luego de la aplicación de la vacuna y su efectividad ante mutaciones del virus.
También, observa la Academia, debe considerarse cómo impactará la administración de la vacuna en los servicios esenciales, como los centros hospitalarios o la atención primaria”.
“Todas estas decisiones tienen un marco ético fundamental, consistente en maximizar los beneficios y minimizar los daños, promover la justicia y mitigar las inequidades en la salud y sustentado en la solidaridad con las personas más expuestas a riesgo, por razones profesionales, como es el personal de salud y con la equidad y justicia distributiva, para proteger a aquellos más vulnerables que requieren con prioridad los mayores esfuerzos de protección”.
Reiteran que “el buen desarrollo del programa de vacunación contra el COVID-19, exigirá que el esquema de priorización acordado sea confiable, suficientemente divulgado, conocido y validado socialmente por la población y que esté libre de sesgos, privilegios o discriminaciones y que asegure progresivamente el acceso a la vacuna a todos y cada uno de los ciudadanos de manera ordenada y oportuna”.
La Academia Nacional de Medicina reitera que se ofrece a colaborar en el logro de un acuerdo nacional con las autoridades sanitarias para la implementación del programa de vacunación, en conjunto con las otras Academias, Sociedades Científicas, Universidades, sociedad civil, entre otras organizaciones, manteniendo como principio la transparencia en la información y la no politización del proceso.
