COVID-19 y falta de combustible acelera inseguridad alimentaria en Venezuela; en el mundo crece a nivel sin precedentes; informe GRFC

UNICEF

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2021 (GRFC, por sus siglas en inglés), estima que 155 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y necesitaban asistencia urgente en 55 países y territorios en 2020.

Se trata de un nivel sin precedentes en comparación con las cinco ediciones anteriores del informe GRFC. 

En el caso de Centroamérica, 11,8 millones de personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria aguda en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.

En Venezuela, “la perspectiva de empeoramiento de la escasez de combustible y las restricciones de movimiento en 2021 a causa del COVID-19″ de manera probable limitarán todavía más el acceso a los alimentos”. De igual modo, incrementará en 94% la necesidad de asistencia alimentaria de emergencia derivada de la migración venezolana.

“Aunque las estimaciones de inseguridad alimentaria aguda para Venezuela no están incluidos en el GRFC 2021 debido a evidencia insuficiente, algunos datos sugieren que esta importante crisis alimentaria de 2019 probablemente empeoró en 2020″, señala el informe, elaborado por la Red mundial contra las crisis alimentarias.

El estudio refiere que en 2019, Venezuela “se encontraba entre los 10 países con las mayores crisis alimentarias a nivel mundial, con 9,3 millones de venezolanos que requieren asistencia alimentaria de emergencia, que representa 32 por ciento de la población total (PMA, febrero de 2020)”.

Según un informe de seguimiento de la FAO, “en agosto de septiembre de 2020, el 70 por ciento de los encuestados dijo no tener suficiente comida para satisfacer las necesidades energéticas o para atender la diversidad de sus dietas; el 32 por ciento había agotado existencias de alimentos, y el 11 por ciento pasó 24 horas sin alimentos (FAO, enero de 2021)”.

El estudio destaca varias condiciones que agravan la crisis humanitaria: “Colapso económico, restricciones COVID-19, inseguridad y los extremos climáticos. Antes de la pandemia, el país ya estaba al borde del colapso económico, situación que empeoró considerablemente” por los cierres a causa de la pandemia y el incremento en el número de casos.

El GRFC 2021 recuerda que “a lo largo del año, la producción de petróleo cayó en el contexto de sanciones internacionales y la caída de los precios mundiales del petróleo, llevaron a una contracción del PIB del 30 por ciento interanual para finales de 2020 (CEPAL, diciembre de 2020)”.

Por otra parte, durante la pandemia, “el 79 por ciento de los beneficiarios encuestados de las remesas vieron caer sus ingresos a medida que la inflación se disparaba al 844 por ciento entre enero y septiembre de 2020″, lo cual dificulta adquirir alimentos y otros artículos esenciales.

Las crisis económicas y las medidas de contención también “redujo considerablemente las superficies agrícolas plantadas y disminuyó
rendimientos, mientras que los cierres de mercado y las restricciones de movilidad impidieron la venta de productos agrícolas”, con lo cual también disminuyeron los ingresos por este concepto. (FAO, enero de 2021).

El estudio hace referencia a la violencia, la inseguridad y el desempleo. Venezuela también, de mayo a noviembre, experimentó más de
63 tormentas tropicales.

El informe establece que “la perspectiva de empeoramiento de la escasez de combustible y las restricciones de movimiento en 2021 a causa del COVID-19″ de manera probable limitarán todavía más el acceso a los alimentos.

Suman “el acceso inestable a agua, saneamiento, electricidad y otros servicios básicos”.

El Informe advierte de las difíciles condiciones de los migrantes venezolanos: “Desde 2014, casi 5,5 millones de migrantes venezolanos, refugiados y los solicitantes de asilo han abandonado el país”, por las difíciles condiciones.

Ocurre que las “medidas de mitigación de COVID-19 han afectado de manera desproporcionada a refugiados y migrantes en los países de acogida debido a altos niveles de empleo en el sector informal, a medida que aumentaba el desempleo”.

Sin ahorros ni acceso a redes de seguridad social, “los hogares de migrantes luchaban por pagar alimentos y vivienda a medida que la pandemia hizo subir los precios de los alimentos (PMA, septiembre de 2020)”.

El Informe estima que entre marzo y diciembre de 2020, cerca de 143,000 venezolanos volvieron a casa luego de perder ingresos y viviendas en los países receptores.

“La afluencia de migrantes que regresan a una crisis humanitaria durante la pandemia (USAID, septiembre de 2020) y muchos repatriados enfrentaron discriminación en sus propias comunidades (ACNUR, consultado el 15 de febrero de 2021).

Sin embargo, en septiembre, el flujo de repatriados se ralentizó y la migración de salida se reanudó a medida que las economías vecinas se recuperaron (R4V, diciembre de 2020)”.

El estudio señala que debido a la pandemia y las condiciones económicas regionales, cinco millones de emigrantes venezolanos requerirán asistencia alimentaria de emergencia en 2021, un incremento del 94% si se compara con las necesidades de 2020, antes de la pandemia, cuando 2,59 millones de personas requerían esta asistencia de emergencia.

Impacto global

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2021 “estimó que aproximadamente 155 millones de personas padecían inseguridad alimentaria aguda y necesitaban asistencia urgente (Fase 3 o superior) en 55 países y territorios en 2020, un nivel sin precedentes en comparación con las cinco ediciones anteriores del GRFC”.   

Esta cifra representa “un aumento de 20 millones de personas en comparación con los 135 millones de personas de 2019 en 55 países y territorios, que ya fue un año récord de inseguridad alimentaria aguda desde que se lanzó por primera vez el GRFC en 2017”. 

Indica que “en los 39 países y territorios que experimentaron crisis alimentarias a lo largo de cinco años de publicaciones del GRFC, la población afectada por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda aumentó de 94 a 147 millones de personas entre 2016 y 2020. Esto muestra una tendencia general preocupante de niveles crecientes de inseguridad alimentaria”.

Las diez peores crisis alimentarias representan el 66 por ciento (más de 103 millones de personas) de las personas que se estima que enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, el norte de Nigeria, Sudán del Sur, Sudán, la República Árabe Siria, Yemen y Zimbabwe.

En Centroamérica y Haití

En 2020, la inseguridad alimentaria aguda aumentó significativamente en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, con 11,8 millones de personas en estado de crisis o peor (fase 3 o superior de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, IPC), frente a los 8,1 millones de personas de 2019, indica el Informe.  

 De los cinco países, tres de ellos están clasificados como crisis alimentarias graves: Haití, Guatemala y Honduras. 

Entre otras razones, el estudio atribuye la crisis a “los graves fenómenos meteorológicos de finales de 2020 que afectaron a más de 8 millones de personas en toda América Central, impactando en zonas con inseguridad alimentaria que ya habían experimentado varios años de sequía, así como la reducción de los ingresos debido a las restricciones del COVID-19″.  

De igual modo, “las repercusiones económicas de la pandemia aumentaron las vulnerabilidades preexistentes, precipitando una importante crisis económica y del mercado laboral”. 

Más de tres cuartas partes de los hogares analizados en el Corredor Seco “informaron de una reducción de los ingresos durante octubre-diciembre debido a la pérdida de empleo y a la baja rentabilidad de las actividades comerciales informales”.  

Para 2021, “se esperan niveles de inseguridad alimentaria aguda atípicamente altos para Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y probablemente Nicaragua“.  

Transformar los sistemas alimentarios

Abordar las causas fundamentales de las crisis alimentarias actuales y prevenir su deterioro en hambruna “requiere la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más inclusivos, resilientes y sostenibles”.

La pandemia, recomiendan los autores del informe, debe provocar un replanteamiento de las funciones de los sistemas alimentarios locales, reconociendo la creciente presión sobre los medios de vida basados ​​en la agricultura debido al cambio climático, la degradación ambiental, los conflictos, el desplazamiento de la población y los cambios demográficos.

Los elementos clave de esta transformación incluyen los siguientes lineamientos: 

  • “La acción temprana, especialmente cuando se prevé una conmoción o estrés, es fundamental para proteger los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la acción temprana en respuesta al aumento de la langosta del desierto en el Cuerno de África y Yemen redujo las pérdidas de alimentos potencialmente devastadoras que habrían perturbado los medios de vida rurales y aumentado la inseguridad alimentaria en áreas ya frágiles.
  • Un mayor enfoque en la prevención y el fortalecimiento de la resiliencia es esencial, en particular para las poblaciones que experimentan crisis recurrentes y prolongadas. Esto exige voluntad política, así como una acción urgente, ampliada, coherente y coordinada entre los actores humanitarios, de desarrollo, de paz y climáticos, con la inversión asociada en soluciones inclusivas a largo plazo.
  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social es vital, especialmente en los estados frágiles. 
  • Se necesita un compromiso diplomático y político de alto nivel para poner fin a los conflictos y la violencia, negociar y mantener la paz y promover la adhesión a la Resolución 2417 del CSNU sobre la prohibición del uso deliberado de la inanición en los conflictos. Esto es vital para asegurar el acceso humanitario a los necesitados.
  • Se necesita una promoción y un compromiso político concertados, respaldados con recursos suficientes, para rectificar la abrumadora carga del cambio climático sobre los más vulnerables. Los impactos del cambio climático se difunden de manera desigual a nivel mundial y local, y las personas que viven en entornos ya frágiles corren mayor riesgo”.

Los miembros de la Red mundial contra las crisis alimentarias también “se comprometen a trabajar junto a las poblaciones afectadas, los gobiernos y las partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial para abordar todas las dimensiones de las crisis alimentarias mediante el fortalecimiento de las acciones coordinadas en el nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz y, al mismo tiempo, promover la coherencia de las políticas y articulación con otros foros y procesos internacionales”.

Confían que la Cumbre sobre sistemas alimentarios de las Naciones Unidas (septiembre de 2021) “sea una oportunidad para ayudar a definir una hoja de ruta operativa para lograr la Agenda 2030, en particular el ODS 2”.

Este quinto Informe mundial anual sobre crisis alimentarias (GRFC 2021) reunió la colaboración de numerosas entidades. El proceso lo coordinó la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés), iniciativa que fue lanzada en 2016 por la Unión Europea, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Ver el informe completo

http://www.fightfoodcrises.net/grfc-2021/en/

Violeta Villar Liste/Con información de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria