Claudia Brito Bruno. Oficial de género de la FAO
Catalina Ivanovic Willumsen. Especialista Género de la FAO
La pandemia de COVID-19, ha profundizado las brechas de género que dificultan el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe, y la superación de la pobreza.
Según el Panorama Social de la de la CEPAL la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es mayor entre las mujeres en edad activa, en las áreas rurales, entre las personas indígenas y la población afrodescendiente, los niños, niñas y adolescentes, las personas con menos años de estudio y los hogares monoparentales y extensos.
En el caso de las mujeres, a la pobreza se suma la precariedad de sus condiciones laborales, lo cual limita su acceso a los sistemas de protección social: el 56.9% de las mujeres latinas y el 54.3% de las mujeres caribeñas trabajan en sectores como la producción y comercialización de alimentos, el turismo y los servicios domésticos, en los que el impacto negativo de la pandemia en términos de empleos e ingresos ha sido especialmente importante.
Junto con la pobreza, también ha crecido el número de personas que sufren hambre, un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres en la región.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 2018, el 8,4% de las mujeres en nuestra región experimentaron inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los hombres.
En la obesidad también existe una gran brecha de género: en 19 países de la región, la prevalencia de obesidad entre las mujeres superaba en al menos 10 puntos porcentuales a la de los hombres.
A todas estas brechas estructurales debemos sumar el peso de las tareas de cuidado de niños y niñas, que tradicionalmente recaen en las mujeres, quienes tienen a su cargo el 76,2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado en la región, que representa más de tres veces de las que son responsables los hombres.
Las tensiones dentro del hogar, favorecidas por las restricciones de movilidad generadas por la pandemia, incrementaron la violencia de género: según ONU Mujeres, solo durante el año 2020 en nuestra región aproximadamente 19,2 millones de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo.
Las mujeres rurales de América Latina y el Caribe viven una situación particularmente compleja ya que continúan experimentando mayores dificultades para acceder a los recursos productivos.
Según datos de la FAO, la tenencia de la tierra en manos de las mujeres oscila entre un 7,8% en el caso de Guatemala y un 32,2% en el caso de México, y si bien entre un 23% y un 30% de las Unidades de Producción Agropecuarias son encabezadas por mujeres, la superficie que estas representan se ubica entre un 7% y un 23%.
El porcentaje de mujeres rurales que solicita créditos es casi la mitad del observado entre los hombres, aunque no se observan diferencias importantes en el otorgamiento del financiamiento (cercanas al 90 % para ambos sexos).
El porcentaje de productores hombres que recibe asistencia técnica, asesoría o capacitación es 1,5 veces mayor que aquel observado entre productoras mujeres. Esta brecha se observa en los distintos tamaños de explotaciones agropecuarias.
Todo esto que detallamos sucede dentro de marcos legales y de políticas nacionales que –en su definición– incorporan el enfoque de género, pero que, en numerosos casos, carecen de recursos para su implementación efectiva en los territorios.
Estamos a ocho años de plazo establecido por la comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ante esto la premisa es simple y desafiante: es preciso adoptar una perspectiva de género sistémica e interseccional para abordar las brechas que experimentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
Esto exige, por una parte, comprender el entramado de las brechas que enfrentan, y por otra, revisar y rediseñar los sistemas de protección social y de cuidados para que favorezcan el acceso de las mujeres a empleos decentes y a recursos cruciales para su labor productiva, como la tierra, el agua, el financiamiento, las tecnologías digitales, la asistencia técnica y muy especialmente el recurso tiempo.
Para lograrlo, se requiere de una combinación de evidencia, conocimientos, políticas sólidas, regulaciones e inversiones públicas y privadas, pero, sobre todo, un fuerte compromiso político.
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