La XLIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que estos días reúne en Pamplona a cerca de 700 profesionales, ha abordado en una mesa con varios expertos las lecciones y aprendizajes extraídos durante la gestión de este episodio
Con información de SEE
La reciente alerta por hantavirus ha puesto de manifiesto que España dispone de una red de vigilancia epidemiológica capaz de coordinarse con rapidez y ofrecer una respuesta ágil ante situaciones complejas. Sin embargo, también ha evidenciado la necesidad de reforzar los recursos humanos, tecnológicos e institucionales del sistema para mantener esta capacidad de respuesta frente a enfermedades poco frecuentes, emergentes o importadas.
Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la mesa dedicada al hantavirus que ha tenido lugar este jueves en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que estos días reúne en Pamplona a cerca de 700 profesionales.
En esta sesión se han analizado los aprendizajes que deja esta alerta desde el punto de vista de la salud pública. En ella han participado María José Sierra Moros, subdirectora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad; y Alonso Sánchez-Migallón Naranjo, responsable del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la Región de Murcia. Además, ha contado con la moderación de Guillermo Ezpeleta Lobato, jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).
Según los expertos, la gestión de este episodio ha demostrado que, cuando se aplican los protocolos adecuados y las decisiones se basan en la evidencia científica, el sistema funciona. La coordinación entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los organismos internacionales ha permitido alcanzar consensos técnicos y adoptar medidas dirigidas a proteger tanto a la población general como a las personas directamente afectadas.
En este sentido, destacan el papel del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 como marco para prevenir la propagación internacional de enfermedades y establecer medidas de control basadas en la evidencia, proporcionadas y ajustadas a la evaluación del riesgo para la salud pública.
Aunque este brote también ha puesto de manifiesto las limitaciones en la gobernanza y el derecho sanitarios mundiales, poniendo en evidencia las responsabilidades que el RSI asigna a los Estados y la autoridad operativa limitada que otorga a la OMS.
“El mayor éxito de la vigilancia epidemiológica es, precisamente, que hoy esta alerta ya no es noticia”, han señalado los expertos, que han recordado también que buena parte del trabajo de la salud pública se desarrolla de manera poco visible y su éxito consiste, precisamente, en evitar que las amenazas sanitarias se conviertan en crisis de mayor alcance.
Comunicar el riesgo sin generar alarma
Uno de los aspectos más complejos de la gestión de esta crisis ha sido la comunicación del riesgo.
Las autoridades tuvieron que aplicar medidas de control estrictas para garantizar la protección de la ciudadanía y, al mismo tiempo, trasladar un mensaje de tranquilidad. Los expertos han afirmado que, en estas situaciones, resulta fundamental distinguir entre el riesgo individual de las personas que han podido estar directamente expuestas y el riesgo para el conjunto de la población, que en este caso se mantuvo en niveles extremadamente bajos.
Además, han lamentado la proliferación de mensajes procedentes de fuentes poco rigurosas y la difusión de informaciones científicamente incorrectas, que han podido aumentar la confusión y reducir la confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, desde la SEE han insistido en que la comunicación debe ser «transparente, coherente y respaldada por la evidencia disponible».
También han advertido del perjuicio que puede provocar la utilización partidista de las alertas sanitarias. “La salud pública no puede ser una herramienta con la que hacer política”, han apuntado los expertos, ya que requiere de consensos técnicos y cooperación entre administraciones.
La alerta ha evidenciado, además, que las enfermedades transmisibles deben abordarse desde una perspectiva de salud global.
La movilidad internacional de las personas y el transporte de mercancías incrementan la posibilidad de que enfermedades o especies que antes no circulaban en un determinado entorno aparezcan en nuevos territorios. Las enfermedades ya no entienden de fronteras, por lo que la vigilancia epidemiológica debe ser lo suficientemente resiliente para responder a una realidad internacional cada vez más interconectada.
Reforzar y modernizar el sistema
Pese a la respuesta satisfactoria ante la alerta por hantavirus, los expertos han advertido de que la principal vulnerabilidad del sistema es la insuficiencia de recursos humanos en vigilancia epidemiológica, que también afecta a los profesionales de Sanidad Exterior.
En este sentido, han recordado que la gestión de estas situaciones requiere profesionales especializados y disponibles de forma permanente, pero con frecuencia sigue dependiendo de la voluntariedad y del esfuerzo adicional de los equipos de salud pública.
A ello se suman la falta de reconocimiento profesional, unas condiciones laborales que favorecen la pérdida de talento joven y el escaso peso de la formación especializada en algunos procesos de selección.
“La cooperación y la evidencia científica funcionan y salvan vidas, pero el sistema está al límite”, han resumido los participantes. Por ello, consideran necesario invertir en recursos humanos, mejorar las condiciones laborales y dotar a la salud pública de un mayor peso institucional, presupuestario y organizativo.
Otro de los grandes retos identificados es la modernización tecnológica. Los expertos han planteado incorporar automatizaciones en la historia clínica electrónica y herramientas de inteligencia artificial y apoyo al diagnóstico que faciliten la identificación de enfermedades poco frecuentes.
Estas mejoras deben acompañarse de una mayor interoperabilidad entre la salud pública y el sistema asistencial, para que la información circule con rapidez y permita actuar ante las primeras señales de alerta.
“El objetivo de la salud pública moderna es la anticipación basada en una evaluación adecuada del riesgo con la información disponible en cada momento”, han destacado. Por ello, los protocolos deben avanzar desde una respuesta reactiva hacia un modelo basado en la detección precoz, la preparación y la prevención, reforzando los recursos y la capacidad de coordinación que han permitido ofrecer una respuesta eficaz ante esta alerta.
