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El Minsa necesita financiamiento suficiente del Estado. La CSS necesita protección frente a cargas indebidas, botines políticos, contrataciones ineficientes y decisiones que comprometan su sostenibilidad

Por: Dr. Jano Jaramillo

El autor es pediatra y neonatólogo 

Hablar de integración Minsa-CSS no debe ser un acto de fe. Tampoco una consigna política. Mucho menos una frase bonita para tranquilizar a la población.

Integrar dos instituciones públicas de salud con historias, fondos, culturas administrativas y obligaciones distintas es una tarea compleja. Si se hace mal, puede aumentar la desconfianza. Si se hace sin transparencia, puede castigar al cotizante.  Si se hace para esconder la deuda histórica del Estado con la salud pública, sería una injusticia.

Pero si se hace bien, puede ser una de las reformas sanitarias más importantes y costo eficientes del país.

El primer reto es aclarar qué significa integración.

Integrar no debe significar mezclar fondos sin control. No debe significar usar las cuotas de los trabajadores y empleadores de la CSS para financiar lo que el Estado no ha querido o no ha sabido sostener en el Minsa. No debe significar convertir a la Caja en la caja chica de la salud pública.

Eso sería inaceptable.

Los fondos de la CSS tienen un origen y un destino específico. Pertenecen socialmente a los cotizantes, jubilados y futuros jubilados. Deben protegerse con reglas claras, auditoría, trazabilidad y mecanismos de compensación cuando una institución atienda población que financieramente corresponde a la otra.

La integración seria comienza por una frase sencilla:

Red única para atender; fondos separados para responder a la salud de los panameños.

El segundo reto es evitar la integración cosmética.

No basta con anunciar convenios, tomarse fotografías o crear comisiones. Panamá está cansado de documentos que prometen coordinación mientras, en la práctica, los pacientes siguen enfrentando rutas confusas (incluyendo citas y promesas de medicamentos en la CSS), expedientes que no se comunican, referencias incompletas, duplicidad de servicios, camas mal utilizadas y decisiones tomadas tarde.

La verdadera integración se mide cuando una madre con embarazo de riesgo sabe a qué hospital debe ir. Se mide cuando una ambulancia tiene una ruta clara. Se mide cuando un recién nacido complicado encuentra un equipo preparado.

Se mide cuando Minsa y CSS comparten información útil, no excusas. Se mide cuando el paciente deja de ser empujado de una ventanilla a otra.

El tercer reto es financiero.

El Minsa necesita financiamiento suficiente del Estado. La CSS necesita protección frente a cargas indebidas, botines políticos, contrataciones ineficientes y decisiones que comprometan su sostenibilidad. Pretender integrar sin sanear las reglas financieras sería colocar una tubería nueva sobre una pared agrietada. 

La integración no puede ser una forma elegante de trasladar déficits.

Debe haber cuentas claras: quién atiende, cuánto cuesta, quién paga, cómo se compensa y quién audita. Cada prestación entre instituciones debe tener trazabilidad. Cada traslado, cada hospitalización, cada servicio compartido debe poder seguirse con datos y responsabilidad.

La transparencia no es un adorno. Es la condición ética de la integración.

El cuarto reto es cultural.

Minsa y CSS no solo tienen presupuestos distintos. Tienen formas distintas de trabajar, jerarquías distintas, incentivos distintos y, muchas veces, desconfianzas acumuladas. Integrar exige algo más difícil que firmar un decreto: exige construir confianza operativa.

Los equipos deben conocerse. Los protocolos deben unificarse. Las jefaturas deben coordinar. Las regiones deben planificar juntas. Los datos deben hablar el mismo idioma.

No se integra un sistema solo desde arriba. Se integra también desde las regiones de salud.

El quinto reto es territorial.

Panamá no puede seguir planificando la salud como si todo ocurriera en la capital. Las provincias centrales —Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas— muestran con claridad que la distancia, la migración, la pobreza, la baja escolaridad, la capacidad hospitalaria desigual y la fragmentación institucional se combinan para producir brechas de atención.

En salud materno-infantil y neonatal, esas brechas pesan mucho.

Un embarazo de alto riesgo no debe depender de la suerte. Un recién nacido vulnerable no debe depender de si el hospital pertenece a una u otra institución. La red debe anticiparse. Debe saber dónde está el recurso, dónde está la cama, dónde está el especialista, dónde está el equipo y cuándo hay que trasladar antes de que la emergencia se vuelva más difícil.

Ese es el sentido de la regionalización.

No todos los hospitales tienen que hacerlo todo. Pero todos deben saber qué les corresponde hacer, cuándo estabilizar, cuándo referir y hacia dónde mover al paciente.

El sexto reto es proteger a los cotizantes sin abandonar al resto del país.

Quienes cotizan tienen razón en exigir que sus aportes no sean usados de manera opaca. También tienen razón en reclamar por jubilaciones inciertas, servicios deteriorados y privilegios que parecen repartirse de forma desigual.

Pero proteger a la CSS no significa aislarla del sistema nacional de salud. Significa integrarla con reglas justas.

Una CSS aislada no necesariamente es una CSS más fuerte. Puede seguir siendo víctima de mala administración, duplicidad, sobrecostos, presiones políticas y falta de planificación. Un Minsa desfinanciado tampoco protege a nadie. Dos sistemas separados, duplicados y descoordinados terminan saliendo más caros.

La pregunta no es si gana Minsa o gana CSS.

La pregunta es si gana la gente sin quebrar ninguna institución.

El séptimo reto es político.

La integración solo será viable si se blinda contra el clientelismo. No puede convertirse en reparto de cargos, contratación sin mérito, negocio de proveedores ni excusa para aumentar burocracia. Si la integración reproduce los mismos vicios que han debilitado al sistema, será una palabra más en el cementerio de las reformas fallidas.

Integrar debe ser ordenar, no inflar.

Debe ser medir, no improvisar.

Debe ser coordinar, no capturar.

Debe ser servir, no repartir.

Por eso la integración Minsa-CSS necesita límites claros: separación de fondos, auditoría pública, indicadores de resultados, gobernanza regional, compras transparentes, expedientes interoperables, protocolos comunes y responsabilidad definida.

El país debe discutir la integración sin ingenuidad, pero también sin miedo paralizante.

Porque la fragmentación actual también tiene costos.

Cuesta más cuando se duplican servicios. Cuesta más cuando se trasladan pacientes innecesariamente. Cuesta más cuando se repiten estudios. Cuesta más cuando una institución atiende sin compensación clara. Cuesta más cuando los hospitales trabajan como islas. Cuesta más cuando el paciente llega tarde al lugar correcto.

Y a veces, lo más caro para un país no es reformar.

Lo más caro es seguir igual.

La integración Minsa-CSS no es una varita mágica. No resolverá la pobreza. No corregirá de inmediato la desigualdad territorial. No sustituirá la educación, la prevención ni la protección ambiental. Pero sí puede modificar algo fundamental: la forma en que el Estado responde cuando una persona necesita atención.

Ese es su valor.

No como fusión ciega.

No como saqueo de la CSS.

No como maquillaje político.

Sino como una red sanitaria moderna, transparente y regionalizada, donde los fondos se protegen, las responsabilidades se aclaran y los pacientes dejan de cargar con la fractura institucional del país.

Panamá no necesita dos sistemas que se miren con recelo.

Necesita dos instituciones capaces de actuar como una sola red cuando la salud de la gente está en juego.

Ese es el reto.

Por: Dr Jano Jaramillo