La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que la Corte Suprema de Justicia ha actuado en tiempo oportuno, «al emitir un fallo sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406, sopesando el bienestar nacional acorde a la situación por la que atraviesa el país», dijo en comunicado.
El fallo que declaró incostitucional el Contrato Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A. se conoció luego de las 7:00 a.m. de este martes 28 de noviembre, después de una sesión permanente de más de 60 horas que inició el 24 de noviembre.
El fallo, a cargo de los magistrados María Eugenia López, Olmedo Arrocha, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Ángela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, María Cristina Chen Stanziola y Cecilio Cedalise Riquelme, analizó los alegatos del procurador general de la Nación y de la Administracion, así como 126 argumentos de distintos juristas y organizaciones.
“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han respetado los tiempos procesales y han tomado en cuenta la necesidad de actuar de forma inmediata, conforme a derecho, tomando en cuenta el clamor de la población” señaló Adolfo Fábrega, presidente del gremio.
“Hacemos un llamado a aceptar este fallo ya que representa la posición de nuestro máximo Órgano de Justicia y en ese sentido prepararnos de manera consensuada y técnica para los pasos a seguir respecto a la operación de la mina, lo que incluye un cierre ordenado de la misma, porque una gran mayoría de la población panameña ha reclamado que Panamá sea un país sin minería metálica a cielo abierto”.
La CCIAP estima necesario se lleve adelante un proceso de facilitación donde se aborden las implicaciones ambientales, jurídicas y económicas de la operación y cierre del proyecto minero y que el mismo se realice dentro de un proceso ordenado, desarrollado y fiscalizado por un Comité Técnico Multisectorial que cuente con la legalidad correspondiente y sea de carácter vinculante.
“La Universidad de Panamá ha propuesto ser la facilitadora de este proceso, donde deben estar representados miembros de la sociedad civil, los grupos ambientalistas, las comunidades que están siendo impactadas, los jóvenes; entre otros; así como, expertos internacionales en cierre de minas a cielo abierto,” indicó Fábrega.
“La presencia de estos grupos brindaría representatividad; mientras que a través de los especialistas en la materia se pueden nivelar y esclarecer expectativas sobre los tiempos y etapas que conlleva todo esto.”
A partir de este fallo los grupos manifestantes tienen que abrir las vías comunicación, permitiendo el libre tránsito, devolviendo la paz social necesaria para retomar las actividades diarias a la ciudadanía. La CCIAP exige al Presidente de la República, al Ministro de Seguridad y el Ministro de Gobierno cumplir con su responsabilidad constitucional y garantizar las libertades ciudadanas a todos quienes habitamos en el territorio nacional, resalta el comunicado.
Ver transmisión del fallo:
Con información de la CCIAP
