Un artículo en Lancet Child and Adolescent, la principal revista de pediatría en Scopus y otras bases de datos, desarrollado con el apoyo de pediatras venezolanos, constituye un documento fundamental para guiar la acción en el caso de población infantil afectada por la emergencia
Con información del estudio Orfandad y pérdida de cuidadores tras el doble terremoto de Venezuela: una crisis de salud infantil pasada por alto y datos de Unicef
El doble terremoto del 24 de junio de 2026 en Venezuela también estremeció realidades conocidas de las cuales se ha dejado de hablar, pero persisten: la migración, las dificultades económicas y disrupción del sistema sanitario que “han transformado los cuidados en el país, de modo que muchos menores que viven separados de uno o de ambos progenitores dependen de abuelos, familiares, vecinos o adultos de confianza para la atención diaria, decisiones de salud, documentación, escolarización, ingresos y protección”.
Estos menores son hoy el otro rostro de la emergencia: en muchos casos han perdido su pilar emocional.
Su realidad motiva un llamado en Lancet Child and Adolescent, la principal revista de pediatría en Scopus y otras bases de datos, desarrollado con el apoyo de pediatras venezolanos, con particular mención del respaldo de la Dra. Elvia Badell, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), explica el Dr. Alfonso J. Rodríguez Morales, por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Científica del Sur, Lima (Perú) y quien ha liderado la producción científica de distintos artículos, orientados a comprender, y ofrecer respuestas, a la crisis de salud que ha dejado esta catástrofe.
Participan también en el documento en calidad de coautores:
- Dr. Alejandro Rísquez, por la Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela)
- Dra. Berenice Landaeta, pediatra del Hospital Vargas de Caracas (Venezuela)
- Dra. María Auxiliadora Cardozo-Viloria, por la Clínica Razetti de Barquisimeto (Venezuela)
- Dra. María Alejandra Rosas-Aramburu, pediatra por la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Valencia ( Venezuela)
- Dr. Roque Aouad, pediatra en la Clínica Lugo, Maracay (Venezuela)
En este llamado titulado, Orfandad y pérdida de cuidadores tras el doble terremoto de Venezuela: una crisis de salud infantil pasada por alto, se exhorta a “proteger a niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus padres, abuelos y cuidadores, o que se separaron de sus familias durante la evacuación, la hospitalización o el traslado”.
Entre otras medidas, se llama a “proporcionar apoyo sostenido en efectivo, alimentación, educación, salud mental, atención a enfermedades crónicas y asistencia jurídica a cuidadores familiares y a niños y niñas”.
De igual modo, a supervisar los resultados mediante datos seguros, desagregados y coordinados a nivel nacional.
Se solicita “informar públicamente de los avances agregados, protegiendo la identidad y la privacidad de los niños y niñas”.
Los riesgos de la infancia sin protección
En el artículo analizan que luego de los terremotos “se difundieron informes sobre un seguimiento insuficiente de menores no acompañados y separados en centros sanitarios. Entre los riesgos de protección detectados en campamentos informales figuraban traslados sin supervisión, cuidados informales inseguros, explotación, trata, violencia, trabajo infantil, pérdida de documentación y obstáculos para acceder a servicios de protección y justicia”.
Estos problemas, sostienen los autores, apuntan a una brecha de implementación: identificación débil en tiempo real de menores separados, registros fragmentados, gestión de casos limitada y vías de derivación insuficientes para niños y niñas huérfanos.
Acciones inmediatas
En el llamado se solicita en cada albergue, hospital, clínica de campaña y punto de registro, evaluar si ha habido pérdida de la persona cuidadora o separación.
“Un cuestionario breve y estandarizado podría recoger quién cuida actualmente; si ha fallecido o está desaparecido un progenitor, abuelo/a o cuidador habitual, si está en el extranjero, hospitalizado, ilocalizable o desplazado”.
De cada menor se debe tener constancia de sus documentos, de las cartillas de vacunación, los medicamentos o los expedientes escolares “y si existe alguna discapacidad, enfermedad crónica, embarazo o necesidad psicosocial urgente”.
Los servicios deben reconstruir los antecedentes a partir de cartillas, fotografías, copias digitales o registros y cuando no existan, debe administrarse la vacunación de rescate adecuada a la edad.
Hacia registros consolidados
Explican que este tipo de registro “debería informar directamente a los consejos municipales de protección, a las autoridades sanitarias, a los servicios educativos y a los socios humanitarios autorizados, en lugar de acabar en hojas de cálculo inconexas, como sucede actualmente”, advierten.
En el caso de menores con progenitores en el extranjero, alientan a que los equipos “deberían anotar datos de contacto seguros, verificar la identidad de los progenitores o representantes legales siempre que sea posible, dejar constancia del acuerdo de los progenitores o representantes sobre el cuidado temporal del menor y su seguimiento, confirmar quién es la persona cuidadora actual y vincular el caso a los consejos municipales de protección para autorizar el acogimiento temporal en familia extensa, el seguimiento y la búsqueda de familiares. La ausencia parental por migración no debe interpretarse como abandono”.
Validar alertas y dictar medidas urgentes
En el llamado piden aclarar responsabilidades y convertir la información disponible en acción.
“Los consejos municipales de protección deberían validar las alertas, dictar medidas urgentes de protección y asignar gestores de caso. Los servicios de salud y pediatría deberían identificar a los menores en el ingreso y el alta hospitalaria, en las visitas de vacunación, en el cribado nutricional, en las citas de control del crecimiento y en otros contactos asistenciales”.
En caso de sospechar “abuso, explotación, trata o cuidados inseguros, los responsables de los albergues y los equipos de protección civil deben garantizar una derivación segura a los consejos municipales de protección, a los servicios de pediatría y salud mental, a los servicios de documentación y a los mecanismos legales o de justicia”.
Consideran que en los albergues temporales se deben generar espacios protegidos para la infancia.
“Los actores de educación y protección social deberían restablecer la escolarización reabriendo escuelas seguras cuando sea posible, creando espacios temporales de aprendizaje si los edificios escolares están dañados, priorizando las reparaciones, permitiendo una matrícula flexible para menores sin documentación y conectando a cuidadores”.
La familia es prioridad, pero si existe
Reflexionan en el artículo que niños y niñas deben permanecer con su familia, pero si es un espacio seguro y si las redes familiares existen. Cuando están fragmentadas o no son seguras, “la atención temporal debe autorizarse, limitarse en el tiempo, supervisarse y revisarse para mantener unidos a los hermanos y hermanas y sostener una búsqueda activa de la familia, sin acogimientos informales, adopciones, viajes ni traslados fuera de las vías de protección aprobadas”.
Advierten que “los avisos en redes sociales sin verificar sobre menores abandonados deben priorizarse y evaluarse con rapidez, pero difundir públicamente imágenes o ubicaciones identificables puede exponerles a trata, explotación o retraumatización”.
El apoyo internacional a Venezuela en esta emergencia, reflexionan, debe reforzar, no sustituir, los sistemas de protección infantil, salud, educación y protección social.
“La financiación debería priorizar equipos móviles de protección, gestores de casos, transporte, documentación, espacios adaptados a la infancia, ayuda económica de emergencia para cuidadores familiares, reintegración escolar y sistemas de datos seguros”.
Recuerdan que salir ilesos de un terremoto no salva a los niños y niñas de los efectos de una crisis de salud infantil que podría durar toda la vida. Un necesario llamado a la acción.
Balance de Unicef Venezuela
De acuerdo con Unicef Venezuela, “casi 23.100 personas permanecen en los campamentos transitorios habilitados en La Guaira, Distrito Capital, Miranda y Aragua”.
La institución trabaja “para llegar a aproximadamente 470.000 personas, incluyendo 169.000 niños y niñas, con asistencia para salvar vidas, lo que incluye servicios en salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, protección infantil, educación y protección social”.
Un mes después de los terremotos, niños, niñas y familias aún enfrentan las consecuencias de esta devastadora catástrofe. Más allá del daño visible, el miedo, la incertidumbre y las alteraciones causadas por el desplazamiento pueden tener impactos duraderos en el bienestar de la niñez», dijo el representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, citado en comunicado del organismo.
Los niños y niñas afectados por la emergencia enfrentan mayores probabilidades de experimentar angustia psicológica, violencia, negligencia, explotación y separación familiar, lo que agrava los riesgos para su seguridad y bienestar.
Las condiciones de hacinamiento, la interrupción de la rutina y la incertidumbre prolongada pueden aumentar aún más estas amenazas, especialmente para los niños y niñas más vulnerables, advierte Unicef.
Referencia científica: Rodríguez-Morales AJ, Risquez A, Landaeta B, Cardozo-Viloria MA, Rosas-Aramburu MA, Aouad R, Badell E. Orphanhood and caregiver loss after Venezuela’s earthquake doublet: an overlooked child health crisis. Lancet Child Adolesc Health. 2026 Jul 20:S2352-4642(26)00189-6. doi: 10.1016/S2352-4642(26)00189-6. Epub ahead of print. PMID: 42476153.
