“Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, un estudio que nace en el contexto de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres amplía el impacto de este drama social
Por: Violeta Villar Liste
Las mujeres y sus hogares no solo enfrentan las secuelas físicas y psicológicas de la violencia: también cargan con el impacto económico. En varios países, los costos asociados al maltrato (gastos de bolsillo, atención médica, transporte, trámites legales….) representan entre el 44% y el 50% del costo total que la violencia genera a nivel nacional.
En Panamá, la situación es especialmente crítica para quienes viven en el área rural. Una mujer víctima de violencia puede verse obligada a destinar hasta 5,000 dólares, de manera principal para cubrir gastos médicos.
Esta violación de los derechos humanos representa un costo económico que alcanza hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en algunos países de América Latina, describe el estudio “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, el cual fue presentado en un seminario en el Ateneo de Madrid.
El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incorpora datos que proceden de 17 estudios “realizados en 10 países (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay) a lo largo de más de dos décadas. Evalúa sus metodologías según cuatro criterios: precisión, aplicabilidad, replicabilidad y desagregación”.
La presentación del estudio contó con representantes de las instituciones que lideran el diseño del informe: Lorena Larios, secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y presidencia de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM),de Telma Ortiz, asesora sénior en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– CAF y Paula Narváez, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) quien intervino en video, bajo la moderación de Almudena Díaz Pagés, de la División de Género de la SEGIB.
Durante un diálogo sobre experiencias y desafíos en la medición del costo de la violencia contra las mujeres, intervinieron Carmen Martínez, Marta Silva, jefa del Equipo Multidisciplinar del Núcleo de Violencia de Género y Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género de Portugal, Luciana Fainstain, ejecutiva principal de la Gerencia de Género de CAF y Ricardo Mejía, coordinador de Planes y Programas y especialista en Género del Ministerio de la Mujer de Panamá, bajo la conducción de Celia Santos Sánchez, subdirectora general de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres.
Celina Santellán, consultora responsable de la sistematización de metodologías de costo de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, compartió los resultados generales del estudio.
Carmen Martínez dijo que la idea con esta iniciativa es fortalecer la cooperación entre los países Iberoamericanos.
“Partimos de una convicción: ninguna sociedad se puede desarrollar mientras las mujeres sufran violencia machista. Desde esta visión nuestra labor no es solo generar espacios de diálogo político, sino trabajos para fortalecer capacidades y producir conocimiento útil que permita a los Estados avanzar”.
Medir, subrayó, no es un ejercicio técnico ni exclusivamente académico: implica visibilizar, conocer, reconocer y otorgar significado. Es sacar a la luz aquello que históricamente ha permanecido oculto o minimizado, y que hoy exige ser nombrado para poder transformarse.
Invertir en prevención y en respuestas integrales no constituye un gasto. Por el contrario, afirmó, es una decisión estratégica que fortalece los sistemas, reduce desigualdades y genera beneficios sociales y económicos sostenibles.
Lorena Larios advirtió que según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia.
“En 2024, en nuestra región (los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, incluidos España, Andorra y Portugal) se registraron casi 4,000 feminicidios. Y sabemos que estas cifras representan apenas una fracción de la realidad: se estima que solo el 10% de los casos llega a ser reportado».
Si incorporamos las nuevas formas de violencia, como la violencia digital, el impacto se multiplica de manera exponencial. Desde la SEGIB, a través de la División de Género y en alianza con el Programa Iberoamericano de Prevención y con la banca de desarrollo, estamos impulsando instrumentos que permitan a los países medir el costo real de la violencia. Medir no es un ejercicio técnico: es visibilizar, reconocer y dar significado a lo que históricamente ha permanecido oculto, afirmó al reconocer el impacto de este tipo de investigaciones.
Dimensiones de la violencia en Panamá
Ricardo Mejía, enlace para Panamá de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, recordó que el Ministerio de la Mujer, a través de su Dirección de Investigación de la Condición de la Mujer, en alianza con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, generó el informe denominado, Dimensión de la violencia doméstica y femicidio en Panamá: estimación de gastos.
En las áreas urbanas, una mujer puede enfrentar gastos cercanos a 2,986 dólares, de los cuales 78% se concentra en salud y el resto en cuidado de la familia y movilización.
En las zonas rurales la cifra se incrementa de manera significativa: una mujer víctima de violencia puede llegar a gastar hasta 5,000 dólares. De este monto, el 91.84% corresponde exclusivamente a salud, mientras que el 5.95% se destina a otros gastos.
Uno de los datos que más le conmovió a Mejía fue la situación del hogar cuando muere una madre a manos de su agresor: por lo general los niños quedan a cargo de la abuela y en condiciones de vulnerabilidad ya que la madre era el pilar.
De hecho, se estima que los gastos mensuales “para el cuidado, crianza, educación, gastos de salud, recreación y tratamientos de los hijos de las víctimas” puede superar los 2,700, dólares. Estos datos y análisis se abordarán en una nueva etapa del estudio panameño.
Las cifras de un drama social
Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, advierte que el mayor desafío metodológico es el subregistro de casos de violencia: En México, por ejemplo, solo el 13,6% de los casos llega a denuncia formal y en Ecuador, las denuncias representan apenas el 5% de los casos reales.
Estas cifras significan que “todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”.
La mayoría de los estudios disponibles, y que son la base de este informe, “no logran desagregar suficientemente los impactos según edad, discapacidad, condición migratoria, pertenencia étnico-racial o situación socioeconómica, lo que limita la capacidad de diseñar respuestas públicas más focalizadas y equitativas”.
En función de los informes de los países analizados, Paraguay y Ecuador reflejan en gran medida el peso de la violencia en las economías de las mujeres y sus hogares, al asumir entre el 44% y el 50% de los gastos asociados (salud y justicia, pérdida de ingresos personales, descapitalización de microempresas…)
“De forma menos visible pero igualmente documentada, en la pérdida de días de clase de hijas e hijos”.
Estas cifras reflejan una situación similar a la panameña, si bien el estudio de la Universidad de Panamá y el Ministerio de la Mujer no forma parte de este informe.
Al analizar la situación en las empresas, “el informe señala que las pérdidas de productividad no provienen principalmente de las ausencias laborales, sino del menor rendimiento de las trabajadoras que acuden a su puesto mientras enfrentan situaciones de violencia. Este factor, el presentismo, puede representar hasta el 73% del costo laboral total para las empresas”.
El Estado, destaca la investigación, solo asume entre el 11% y el 13% del coste total que supone la violencia contra las mujeres y destina ese gasto casi íntegramente a la respuesta reactiva.
“Según el estudio, pese a tener mayor capacidad para actuar en prevención, asume la menor proporción del coste en los países con datos disponibles. Su gasto se concentra en servicios de salud, justicia y seguridad para atender la violencia una vez ocurrida”.
Recomendaciones para medir y actuar
La publicación reúne una serie de recomendaciones «orientadas a gobiernos, organismos internacionales y equipos técnicos para mejorar la calidad, comparabilidad y utilidad política de los estudios de costeo en la región».
Entre otras se propone la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos, incorporar el impacto del trabajo de cuidados no remunerado, mejorar la interoperabilidad de los registros administrativos y vincular de forma más directa las estimaciones económicas con la planificación presupuestaria y las políticas de prevención.
Ver enlace al estudio:
