Esta semana la compañía de Mark Zuckerberg ha acordado introducir en Instagram y Facebook medidas de protección de los adolescentes y pagar hasta 18.000 millones de dólares para poner fin a una demanda judicial de decenas de estados de EE. UU. El entusiasmo está lejos de ser unánime entre las asociaciones de defensa de los menores, quienes consideran que las medidas difícilmente los protegerán, desde el momento que podrán ser levantadas por los padres, auditadas solo durante cinco años y condicionadas, en buena medida, al comportamiento. Con estas medidas, les pasa la responsabilidad a las familias: si los niños y adolescentes siguen enganchados, será su culpa.
Por: Paloma Llaneza Publicado de manera original por Science Media Centre España
Abogada, auditora de sistemas, consultora de seguridad experta en los aspectos legales y regulatorios de internet y CEO de Razona Legaltech, consultora tecnológica experta en identidad digital
Tras un breve momento de entusiasmo al leer los titulares, una revisión más sosegada del acuerdo entre Meta y 51 fiscalías estatales de los EE. UU. (47 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Samoa Americana y las islas Marianas del Norte) nos deja la agridulce sensación de que los que únicos que van a ganar este pleito van a ser los abogados de Meta y sus elevadas minutas.
El acuerdo alcanzado mientras Adam Mosseri, responsable de Instagram, estaba todavía prestando testimonio, se ha cerrado por una cantidad mínima garantizada de entre 12.100 y 12.700 millones de dólares repartida en diez cuotas anuales, ampliable hasta unos 17.100 millones (18.000 millones según la contabilidad de la propia compañía) solo si TikTok y YouTube adoptan medidas equivalentes y desembolsan cantidades iguales.
El dinero se repartirá desigualmente entre los estados signatarios y se destinará, según decida cada uno de ellos, a programas de salud mental juvenil, servicios de intervención en crisis, actividades extraescolares y de verano, alfabetización digital y prohibición de teléfonos móviles en los centros escolares.
Las cuentas
Si miramos las cuentas de Meta, 12.100 millones equivale al 18 % del beneficio neto de 2025 (60.458 millones). Considerando que ha diferido el pago en 10 años, contra los efectos de la inflación y la ventaja de tener el dinero en su bolsillo durante esos años, la cantidad anual garantizada de 1.270 millones representa el 2,1 % del beneficio neto anual, el 2,75 % del flujo de caja libre y menos del 1 % de la inversión prevista en infraestructura de inteligencia artificial para 2026. Vamos, siete días y medio de los beneficios de Meta anuales.
Las medidas
Esta cantidad (que no compensación o indemnización) viene acompañada de una plétora de medidas para mantener a los menores alejados de Meta: límite diario de dos horas, combinado entre Instagram y Facebook, que solo un progenitor puede levantar, con pausas a los 15, 60 y 90 minutos; bloqueo nocturno entre medianoche y las seis de la mañana; silencio de notificaciones de 22:00 a 7:00 y durante el horario escolar, de 8:00 a 15:00, entre el 15 de agosto y el 15 de junio; obligación de responder al 90 % de las denuncias de contenido dañino en un plazo de seis horas; prohibición de mostrar recuentos de reacciones y de ofrecer filtros de imagen que simulen procedimientos estéticos; opción de recibir un feed no personalizado, sin recomendación algorítmica; medidas robustas de verificación de edad para detectar a menores de 18 años y expulsar a los menores de 13; herramientas reforzadas de supervisión parental (que vaya usted a saber qué acabará siendo); auditoría independiente con acceso amplio a la información, con informes periódicos y con derecho a trasladar sus inquietudes a los fiscales generales; y una orden judicial que prohíbe a Meta hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre sus funciones de seguridad.
La mayoría de las obligaciones tiene una duración de diez años, pero el límite de dos horas, el modo nocturno y la revisión anual del auditor solo cuentan con un compromiso inicial de cinco años, lo que resulta muy llamativo
La mayoría de estas obligaciones solo tiene una duración de diez años, pero el límite de dos horas, el modo nocturno y la revisión anual del auditor solo cuentan con un compromiso inicial de cinco años, lo que resulta muy llamativo: Meta debe considerar que esas limitaciones son, como es obvio, las que más daño le hacen y, por tanto, las que necesita recuperar lo antes posible. No se ha comprometido, y esto es importante, a no adoptar medidas que compensen estas y que les permitan seguir explotando los datos de los menores.
El acuerdo llega antes de que Zuckerberg se subiera al estrado, pero después de la declaración de Arturo Béjar, exingeniero en los equipos de bienestar de la compañía.
Bejar declaró que las funciones de seguridad estaban diseñadas para no funcionar, porque al no venir activadas por defecto, la inmensa mayoría de los usuarios nunca las activa.
Calificó la reproducción automática, los contadores de «me gusta» y el desplazamiento infinito como inseguros para los adolescentes. La herramienta «Take a Break», por ejemplo, presentada por Mosseri, responsable de Instagram, como un éxito (más del 90 % de usuarios la habrían usado), es en realidad un fracaso clamoroso que solo se venía usando por el 1,8 % de los adolescentes. En el estrado, Mosseri admitió que la herramienta no funcionó ni de lejos y que esta distancia se conocía en la compañía. Otra medida cosmética, como muchas implantadas por Meta, diseñada para fracasar.
Existe la desconfianza de que Meta no tenga en mente medidas que le permitan recuperar a los adolescentes a corto plazo, sorteando las acordadas en este pacto. Ya hay antecedentes de Meta aceptando un acuerdo y diluyéndolo
El breve entusiasmo del que hablaba al inicio solo es compartido por los fiscales generales que han alcanzado el acuerdo, y está lejos de ser unánime entre las asociaciones de defensa de los menores, quienes consideran que las medidas difícilmente protegerán a los niños y adolescentes desde el momento que podrán ser levantadas por los padres, auditadas solo durante cinco años y condicionadas, en buena medida, al comportamiento de los competidos.
En este análisis aflora, sin duda, una desconfianza hacia los progenitores que se han revelado incapaces de poner límites a sus hijos. Padres y madres a los que nadie quiere señalar, excepto Meta que, con estas medidas, les pasa la responsabilidad: si los niños y adolescentes siguen enganchados, será su culpa.
Antecedentes: la sanción a Facebook
Existe la desconfianza de que Meta no tenga en mente medidas que le permitan recuperar a los adolescentes a corto plazo, sorteando las acordadas en este pacto.
Ya hay antecedentes de Meta aceptando un acuerdo y diluyéndolo. En julio de 2019, la Federal Trade Commission (FTC) impuso a Facebook una sanción de 5.000 millones de dólares por incumplir la orden de consentimiento de 2012, en el marco de la investigación abierta tras Cambridge Analytica.
La sanción impuso, también, la creación de un comité independiente de privacidad en el consejo de administración, cuyos consejeros solo podían ser apartados con una supermayoría, que pretendía poner fin a la autoridad exclusiva de Zuckerberg sobre las decisiones de privacidad.
Además, designó responsables de cumplimiento inamovibles por el consejero delegado, impuso certificaciones trimestrales y anuales del propio Zuckerberg (cuya falsedad lo expondría a responsabilidad personal), nombró un evaluador externo independiente (función asumida por Protiviti) y estableció un programa integral de privacidad con revisión previa de cada nuevo producto. Su duración es de veinte años, hasta 2039.
En 2023 la Federal Trade Commission abrió un procedimiento para prohibir a Meta monetizar los datos de los menores, a fecha de hoy el procedimiento está parado
Siete años después, el balance es concluyente: en mayo de 2023 la propia FTC abrió un procedimiento para modificar la orden y prohibir a Meta monetizar los datos de los menores, alegando incumplimientos reiterados y engaño a los padres sobre el control de las comunicaciones de sus hijos.
Meta respondió impugnando la constitucionalidad de la propia Comisión siguiendo la línea abierta por el Tribunal Supremo de los EE. UU. que lleva laminando todas las agencias gubernamentales (menos la Reserva Federal) desde que Trump fue reelegido.
Para sorpresa de nadie, a fecha de hoy el procedimiento está parado. Mientras, los ingresos publicitarios pasaron de 69.655 millones de dólares en 2019 a unos 196.175 millones en 2025. El modelo de negocio basado en datos no se vio afectado en absoluto.
En el procedimiento de la FTC puso encima de la mesa dos medidas que habrían cambiado radicalmente el resultado, medidas que impulsaron que Zuckerberg se aquietara rápidamente a la sanción.
La primera era la responsabilidad personal de Mark Zuckerberg y la segunda, el troceo de Meta. Mark posee alrededor del 99,8 % de las acciones de clase B, que le otorgan diez votos por acción, lo que le da aproximadamente el 61 % del poder de voto con cerca del 14 % del capital.
Esto significa que ninguna decisión societaria se adopta contra su criterio. La FTC valoró demandarlo y hay indicios sólidos de que la compañía pagó por encima de lo que sus propios abogados estimaban razonable precisamente para evitar que su fundador fuera interrogado.
En cuanto a la segunda, la FTC lo intentó en diversas ocasiones desde 2020 antes de que Trump, a hombros de Zuckerberg y otros tecnoligarcas, hiciera desaparecer la administración federal.
La solicitud de la desinversión de Instagram y WhatsApp acabó en noviembre de 2025 con una sentencia que concluyó que Meta no ostenta poder monopolístico, con lo que la solicitud decaía. Imagine el lector en qué estado se encuentra hoy el recurso que la FTC presentó.
La cláusula del buen samaritano
Queda una tercera medida que la FTC no puso encima de la mesa porque excede de sus competencias: la derogación o reforma de la cláusula del buen samaritano, la sección 230 de la Communications Decency Act de 1996, que impide tratar a la plataforma como editor del contenido que suben terceros y, por lo tanto, hacerla responsable de este.
Tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo de 1959 que resolvía a favor de Smith, un librero de San Francisco, una sanción del Ayuntamiento de San Francisco por vender Lolita. Alegó que él no se podía leer todo lo que vendía y que responsabilizar al proveedor tendría “un efecto colateral de inhibir la libertad de expresión, haciendo que el individuo fuera más reacio a ejercerla”.
Se amplió esta protección a un internet en crecimiento en el que las plataformas que alojaban webs no tenían capacidad para revisar su contenido, y nos ha traído hasta un tiempo en donde las plataformas moderan el contenido y hacen edición algorítmica del timeline ordenando, jerarquizando y seleccionando los feeds, con sistemas de inteligencia artificial capaces de leer y clasificar todo lo que se publica.
Es una opción, la de eliminar la exención de responsabilidad, que ya se ha explorado en un caso de 2024 contra TikTok. En la sentencia de este asunto se concluye que el algoritmo de recomendación es la expresión propia de la plataforma y, por tanto, no queda amparado por la inmunidad. El Tribunal Supremo, en cambio, eludió pronunciarse en Gonzalez contra Google en 2023 al respecto.
Meta presenta el acuerdo no como una derrota o una admisión de malas prácticas, sino como el nuevo estándar del sector
A todas estas, Meta niega haber actuado indebidamente. El acuerdo recoge expresamente que la compañía no asume responsabilidad frente a los demandantes. Negar responsabilidad les blinda, o eso creen, frente a demandas o sanciones de fuera de Estados Unidos.
Han tenido la cara, si se me permite, de comunicar el pacto a través de una carta abierta titulada “An Open Letter to TikTok and YouTube to Join Us in Supporting Teens” en la que presenta el acuerdo no como una derrota o una admisión de malas prácticas, sino como el nuevo estándar del sector. Zuckerberg se propone de nuevo como un visionario, un líder que marca el camino a la competencia.
Meta ha decidido externalizar el daño a todo el sector, sujetando parte del acuerdo a que otros se adhieran y anunciando una campaña publicitaria a toda página en varios medios para presionar a los competidores. Reconozcamos que los abogados que han gestionado este acuerdo se han ganado hasta el último dólar que vayan a cobrar.
Por: Paloma Llaneza Publicado de manera original por Science Media Centre España
